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El Partido Colorado luego de 25 años recuperó la mayoría propia de forma conjunta en ambas Cámaras del Congreso, sin embargo ello no impidió que el Partido Colorado atraviese por una fuerte crisis interna. Sólo en el Senado existen cuatro bancadas coloradas que buscan mantener su “independencia”, por fuera del acuerdo que llegaron para que en ambas Cámaras las presidencias estén en manos del cartismo.
El movimiento Honor Colorado no sólo copó las presidencias de las mesas directivas del Congreso, si no acaparó con sus aliados las representaciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), ante el Consejo de la Magistratura (CM) y otras representaciones de poder de decisión.
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Peña ya logró que el Congreso fusionara la Subsecrtaría de Estado de Tributación (SET) y Aduanas y está a un paso la creación del Ministerio de Economía y Finanzas. En otro proyecto de ley se habla de la fusión de más de 30 entes públicos ante la mirada crítica de algunos opositores que cuestionan la premura para la sanción de las normas.
El cartismo necesariamente precisará del sostén político que le den los senadores que fueron electos por el Movimiento Fuerza Republicana en ambas Cámaras del Congreso, no sólo para asegurar la gobernabilidad y concretar las grandes reformas que pretende impulsar el nuevo gobierno, si no para impulsar juicios políticos que sólo con sus aliados no llegan a reunir la mayoría absoluta de dos tercios de los votos.
Pase de factura
La denuncia del expresidente y titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, ante la Fiscalía por supuesta persecución política contra varios líderes de Fuerza Republicana, incluso contra el propio expresidente Mario Abdo Benítez, el diputado Mauricio Espínola y la senadora Lilian Samaniego, recrudece aún más la relación entre cartistas y exAñetete. Una prueba de fuego que también alcanza al propio fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.
Este hecho se suma la amenaza del diputado cartista Yamil Esgaib al fiscal general del Estado quién a viva voz, en la sesión de Diputados, dijo que sería destituido vía juicio político si no daba curso a la denuncia de su líder.
En ambas Cámaras del Congreso, sus titulares Silvio “Beto” Ovelar (Senado) y Raúl Latorre (Diputados) dieron muestras que aplicarán sanciones a las voces críticas al gobierno de turno, posición que es aplaudida por sus aliados.
Sin embargo, esta alianza colorada puede durar muy poco. En Diputados, los cartistas respaldan la denuncia de su líder ante la Fiscalía con discursos contra Mario Abdo Benítez. Walter Harms (ANR, HC) acusó a “Marito” hacer rutas con sus empresas de asfalto, a lo que Daniel Centurión (ANR, FR) advirtió que de seguir esta postura la alianza volverá a quebrarse.
Todo esto da a entender que la gobernabilidad de Peña dependerá de que pueda controlar el deseo de venganza de Cartes contra exabdistas y opositores a quienes acusó de persecución.
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Los desafíos
El nuevo gobierno tendrá el gran desafío de mantener el apoyo tanto de senadores como de los diputados que fueron electos por el Movimiento Fuerza Republicana para asegurar su gobernabilidad.
El Senado que cuenta con atribuciones constitucionales exclusivas tiene en puerta la definición de prestar acuerdos para cargos preponderantes como direcciones en las binacionales Itaipú y Yacyretá, embajadas, cargos en el Banco Central del Paraguay entre otros.
Los exAñetete tienen el desafío de mantenerse como contrapeso al Ejecutivo y actuar acorde a sus discursos en contra del crimen organizado, pedidos de desafueros y detener los despilfarros del erario público.
El trabajo de mantener las relaciones armoniosas entre el Ejecutivo y el Legislativo, según la Constitución Nacional, corre a cargo del vicepresidente Pedro Alliana, quien necesariamente deberá bajar los decibeles a sus discursos que emitía en campaña, principalmente contra hoy, los colorados disidentes.
Mientras que el gran desafío de la ciudadanía será volver a encender la llama de la indignación que movilizó emblemáticas marchas frente al Congreso ante casos de corrupción y abusos de poder.
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Lo negativo
Ex Fiscal General intocable: La Cámara Baja perdió la vergüenza con el blindaje extremo a la exfiscal general del Estado Sandra Quiñónez, quien fue salvada en cuatro intentos de juicio político por darle impunidad a HC.
Dieron permisos para ir presos: En el periodo pasado, la Cámara de Diputados llegó al punto de crear y conceder el “permiso” para estar preso. Dos legisladores colorados, Ulises Quintana y Miguel Cuevas, fueron apresados en el Operativo Berilio y por fraude en la gobernación Paraguarí respectivamente, y no perdieron sus bancas. Tras quedar libres mediante chicanas, volvieron a sus curules.
Intendentes y gobernadores impunes : Numerosos acuerdos entre la ANR y el PLRA permitieron que intendentes y gobernadores, con pruebas de corrupción, queden impunes sin intervención.
Insisten en blanquear las DD.JJ. falsas: Legisladores del nuevo periodo tienen el desafío de no repetir las nefastas campañas de sus predecesores. Los parlamentarios salientes no tuvieron escrúpulos para ocultar su enriquecimiento. Pidieron a la Corte prohibir la publicación de sus declaraciones juradas. Luego buscaron “despenalizar” los datos falsos y posteriormente plantearon por ley “corregir” sus declaraciones cada que se descubran bienes ocultos.
Vergonzoso salvataje a Fretes : El cartismo se movilizó rápidamente para mandar al archivo el pedido de juicio político contra el exministro de la Corte Antonio Fretes, quien fue salpicado por un pago de coima para salvar a Kassem Hijazi de una extradición a los Estados Unidos. Debió ser destituido pero lo salvaron sus cómplices para que pueda “jubilarse” a pocos meses de cumplir 75 años.
Buena ley, pero en el opá re’í: En plena pandemia, el Congreso aprobó la llamada “Ley Godoy” para prohibir gastos superfluos y sueldazos superiores al del presidente (G. 37 millones) en el Estado. Diputados ratificaron la versión que no incluía los supersueldos de Itaipú y Yacyretá y hubo una lluvia de medidas cautelares en decenas de entes públicos. Al final, la tan mentada ley quedó en la nada.
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Lo positivo
Expulsar a Portillo: Los Diputados se creían intocables por la justicia. Prometieron que nunca expulsarían a uno de sus miembros, pero Carlos Portillo (PLRA) expuso el clientelismo y fue rajado, dejando este precedente.
Comisiones de investigación: Un duro golpe a la impunidad cartista, mostrada desde la Fiscalía en la era de Sandra Quiñónez, fue la instalación de las Comisiones Bicamerales de Investigación (CBI) que abordaron los dudosos negocios de Horacio Cartes y la complicidad estatal a su “hermano del alma” el lavador de dinero Darío Messer. El trabajo quedó todo documentado.
Protocolo de trazabilidad al tabaco ilegal: Tras mucha presión internacional, el Senado logró la sanción del Protocolo internacional de la OMS para la trazabilidad del tabaco ilegal. Los cartistas buscaron trabas.
Eliminar la elección para el Parlasur: Si bien fue un acuerdo entre presidentes de la región buscando austeridad, la entonces diputada y actual senadora, Kattya González (PEN) ya había instalado a nivel local el plan de eliminar las elecciones por voto directo de los parlamentarios del Mercosur que al año costaban U$$ 5 millones al Paraguay. El punto finalmente se aprobó.
Renovación del Fiscal general : Antes que el cartismo haga un copamiento de todas las instituciones en este periodo, el Senado y el Ejecutivo lograron designar a Emiliano Rolón como nuevo fiscal general del Estado. Este hasta ahora no muestra ser servil a Honor Colorado, tal como su predecesora Sandra Quiñónez. No obstante, está latente la amenaza cartista de ser destituido por juicio político.