Cargando...
Pasaron más de dos años para que el Poder Ejecutivo, dirigido por Mario Abdo Benítez (ANR), reglamente la Ley N° 6743/2021 “Del Régimen de Jubilaciones para profesionales psicólogos” que prestan servicios en el Estado. El presidente de la República firmó el Decreto N° 9686, con fecha 20 de julio, por el cual reglamenta la ley promulgada el 3 de mayo del 2021, que dispuso que ese grupo de personal de blanco ya podrá acogerse al beneficio a partir de los 55 años.
Esta norma establece que podrán acogerse a este régimen los psicólogos, incluso los que ejercen la docencia, asesoría, administración, gestión y cualquier otra función dependiente del Ministerio de Salud Pública.
El artículo 3º señala que para acceder al beneficio el profesional debe haber cumplido 55 años de edad y tener 25 años de aporte jubilatorio, para percibir el 90% del promedio de salarios de los 36 meses anteriores. El porcentaje aumentará 2% cada año de aporte a partir de los 59 años.
En caso de haber cumplido 60 años y tener 30 años de aporte al IPS, accederá al 100%, y en este caso, la jubilación será optativa. Pero, a partir de los 65 años de edad, la jubilación será obligatoria. Los que aportaron el equivalente al 50% del aporte jubilatorio podrán acceder a la media jubilación.
Lea más: Ratifican jubilación para psicólogos
También se reconoce el derecho a jubilación por invalidez. Se aplicará lo que establece la Ley Nº 6577 que aclara las disposiciones contempladas en el régimen de jubilaciones para médicos, odontólogos y bioquímicos.
Dos años de espera
El Poder Ejecutivo tenía 120 días para reglamentar esta ley, pero se demoró más de dos años.
La iniciativa partió de un grupo de 19 diputados en noviembre del 2020 y fue sancionada el 13 de mayo por los senadores. Para su promoción, se tuvo en cuenta el principio de igualdad para los profesionales del sector de la salud. También en el Congreso se discute un proyecto de ley que obliga contratar a psicólogos en todos los centros públicos de salud.
El decreto faculta al Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, a establecer los procedimientos administrativos requeridos, requisitos formales y los mecanismos idóneos para la gestión eficiente de las jubilaciones. Debe proveer además los recursos necesarios para el cumplimiento operativo de la ley.