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La disputa en torno al valioso inmueble en la zona de Mora Cué, Luque, continúa. El hermano del presidente electo, Manuel Peña Palacios, dijo que la familía Cowan, le ofreció esta propiedad de 4 hectáreas. Sin embargo, esto quedó desmentido por esta familia que, teme perder la finca por la influencia que tienen estas personas, ya que además existe una “cuenta catastral falsa” y las denuncias que realizaron ante el Ministerio Público, quedaron todas archivadas.
“Nosotros en ese momento ya aclaramos todo con la familia Cowan. Ellos quisieron vendernos la propiedad y yo le dije que no tenemos ningún tipo de interés”, fue lo que argumentó Manuel Peña Palacios, sobre el predio valuado en US$ 3 millones de la zona de Mora Cué.
Para la familia Cowan Canessa, nada está aclarado porque el inmueble que les pertenece desde 1974 ya está siendo loteado y figura como terreno fiscal a cargo de la Municipalidad de Luque, pese a que están al día con el pago de sus impuestos.
Según pudimos corroborar en el portal del Servicio Nacional de Catastro, la cuenta corriente 27-3138-7, está a nombre de la Municipalidad de Luque. Figura con un poco más de una hectárea, mientras que la propiedad tiene una superficie de 1 hectárea y media en una parte y 2 hectáreas y media en otra parte, completando así las 4 ha.
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Manuel Peña , “el gran hermano” de Santiago Peña
De acuerdo con la denuncia que hace la familia Cowan y los documentos que presentaron, la idea de estas personas es lotear en 4 partes el inmueble de forma irregular, para que una de estas parte pase a manos Manuel Peña Palacios, hermano del presidente electo Santiago Peña Palacios.
Tienen elementos que muestran la forma como operan para despojar a la familia, mediante un “hurrero” político del concejal de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Diego Romero, que responde a Honor Colorado, movimiento del intendente de Luque, Carlos Echeverría.
David Aranda, seguidor del concejal Romero, fue el encargado de mandar colocar los mojones, en el terreno de la familia Cowan, pero se excusó diciendo que “el no sabía cuál era la situación de la finca, por eso ordené a los trabajadores que ya no sigan con el loteamiento”.
Negó que su pareja, Sonia Lucia Rojas González, quien figura como funcionaria del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), haya realizado gestiones pese a que aparece en la página del Servicio de Catastro.
Hay cuatro denuncias ante el Ministerio Público, a cargo de la fiscal Sofía Galeano, pero quedaron archivadas.