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El pedido de informe fue presentado por la senadora Desirée Masi (PDP), quien cuestionó a la Contraloría General de la República (CGR) por no haber aclarado las acusaciones del abogado Jorge Rolón Luna, excandidato a diputado por Central del Frente Guasu.
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Este último había denunciado el 10 de abril que Bogarín Alfonso, miembro del Consejo de la Magistratura, supuestamente habría actualizado en secreto su declaración jurada de bienes para justificar un millonario fondo no declarado previamente.
Masi señaló que la Contraloría deberá aclarar qué entienden por “falla” en dicho sistema y si la misma se puede repetir. Esto teniendo en cuenta que diputados, senadores, ministros y miles de funcionarios deberán presentar sus declaraciones juradas de bienes al dejar los cargos que ocupan con el nuevo gobierno, Congreso y gobernaciones.
En su escrito, Masi pide identificar a todos los funcionarios que se vieron afectados por la falla; todas las fallas detectadas en los últimos 10 años; los nombres de los responsables del testeo del sistema desde el 2018 y detallar las actuaciones realizadas conforme al sumario administrativo sobre la denuncia realizada.
En la última sesión, el Senado también cuestionó al Ministerio de Relaciones Exteriores debido a que Bogarín Alfonso sigue figurando como funcionarios diplomático en espera, pese a haber superado los plazos límites de permiso.
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El mismo también se encuentra con un pedido de juicio político en la Cámara de Diputados, donde la mayoría colorada lo tiene blindado.
Cuando estalló el escándalo, técnicos de la CGR habían dicho que todo se trató supuestamente de un error en la publicación de los pdfs, explicando que los datos siempre estuvieron pero que, por alguna razón, no aparecían en el campo de las aclaraciones del documento virtual. Agregaron que esto fue reportado y ya está solucionado actualmente.
Benítez había señalado que no se vulneró el sistema de la CGR y que se trató de un error del mismo.