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El tratamiento fue solicitado por el senador liberal Fernando Silva Facetti en la última sesión como moción de preferencia. Casualmente, surge en el marco de las elecciones generales y el mejor relacionamiento del Congreso con el nuevo fiscal general.
El expediente agrega una planilla de entes que más incumplen este requerimiento, siendo el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y la Tierra (Indert) el de peor posición, seguido por la Dirección de Registros Públicos, la Entidad Binacional Itaipú, el Ministerio de Agricultura y numerosos municipios –incluyendo la comuna capitalina–.
“Tenemos más de 100 pedidos de informes sin responder”, señaló Silva Facetti, quien además pidió que en la próxima sesión se haga el urgimiento y la reiteración de todos estos expedientes.
Ambas mociones, es decir, las más de 100 reiteraciones y el tratamiento del proyecto de fondo el 13 de abril, se aprobaron por mayoría.
Castigo a desacato
Se trata del proyecto de ley “Que sanciona el desacato de un pedido de informe del Poder Legislativo”, presentado por los senadores liberales Blas Llano y Fernando Silva Facetti y el colorado oficialista Javier Zacarías Irún en junio de 2022.
El proyecto consta de un solo artículo y señala que el que incumpliere un pedido de informe remitido por el Senado o Diputados, “en virtud del Art. 192 de la Constitución Nacional, o los pedidos de informes remitidos por las Comisiones de ambas Cámaras en virtud del Art. 186″, será castigado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años de multa.
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Agrega que si el autor cometiere el hecho, mediando reiteración del pedido, o fuere un funcionario público, en los términos del Artículo 14, numeral 14 del Código Penal, la pena será aumentada hasta cinco años de pena privativa de libertad. Además, será inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos por el término de cinco años.
Señala además que la Cámara respectiva, cuyo pedido de informe hubiere sido incumplido, informará el hecho a la Fiscalía Penal de turno, para que esta impulse el procedimiento respectivo bajo el presupuesto de la flagrancia.
Además de directamente ignorar las solicitudes, otra queja frecuente es que muchas instituciones, principalmente municipios, envían informes incompletos.
Congreso se autocercenó facultades
Las potestades del Congreso para solicitar informes a instituciones fue un tema intensamente debatido recientemente en Senado, puntualmente con el proyecto de ley para incluir a ambas Cámaras, así como a comisiones especiales del Congreso, entre las excepciones del secreto bancario.
Finalmente, el proyecto que se sancionó cercenó la posibilidad de que el Congreso pida informes al Banco Central del Paraguay sobre personas particulares, haciendo prácticamente inútil la legislación para realizar investigaciones de casos como el de Darío Messer.