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El intendente de San Pedro del Ycuamandyyú, Gustavo Rodríguez (ANR), fue denunciado por la mayoría de los concejales y referentes de la comunidad aglutinados en la contraloría ciudadana, su administración fue auditada por la Contraloría General de la República, que detectó faltante por más de G. 3.500 millones, luego se aprobó la intervención, y los interventores concluyeron en su informe, que en su administración se causó un daño patrimonial de G. 18.000 millones.
La fiscalía formuló imputación por lesión de confianza, en contra del jefe comunal y de su equipo de administración, y pidió medida para que no ingrese más en la municipalidad, y este viernes, el político imputado apeló la imputación y dilata su comparecencia ante el juzgado de garantías para la imposición de medidas.
La defensa técnica del cuestionado político, a fin de dilatar la imposición de medidas, planteó apelar la imputación, con lo que evitó hoy la audiencia ante el juzgado de garantías, en tanto que el miércoles los diputados se expedirán sobre el pedido de destitución; si prospera su expulsión, se debe convocar a nuevas elecciones.
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Por un lado, enfrenta y se expone a la decisión política sobre su expulsión y la ciudadanía se encuentra en vigilia; por otro lado, busca dilatar el proceso judicial por lesión de confianza, en tanto que la fiscalía de San Pedro del Ycuamandyyú lo citó para la próxima semana a una audiencia, por incumplimiento del deber legal alimentario.
La administración municipal es caótica y lamentable, se registran faltantes, obras inconclusas y abandonadas, desgastada imagen proyecta la ciudad, funcionarios y ediles no cobran salarios y dietas hace más de un año, interventores fueron contundentes en el informe final en la que hacen constar un daño patrimonial por G. 18.000 millones en la administración de Gustavo Rodríguez.