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“Ya está por acá, yo no vi todavía el informe. Vamos a ver si tenemos en mesa directiva. Vamos a ver si en estos días se define eso”, dijo el vicepresidente de Diputados, Ángel Paniagua (ANR, oficialista). Fue luego de la reunión de la mesa directiva de la Cámara Baja, que no incluyó en el orden del día la destitución del imputado intendente cartista de San Pedro, Gustavo Rodríguez.
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Paniagua alegó desconocimiento. Sin embargo, fue titular de la Comisión Permanente y en cuya gestión ingresó ya en febrero según informe del interventor Amancio Rivas, que detectó un posible daño patrimonial de G. 18.000 millones en la citada administración.
El diputado Hugo Ramírez (ANR, oficialista), titular de la Comisión Especial de Intervención, dijo que hay “intención” de darle un tratamiento sobre tablas este miércoles. La tibia postura de ambos diputados colorados oficialistas preocupa a los sampedranos porque temen que sea parte del “pacto cicatriz” de los parlamentarios. Se necesita de una mayoría absoluta en la Cámara Baja, es decir 41 diputados para destituir al intendente.
Las fechas
El informe del interventor fue comunicado el 9 de febrero por el ministro del Interior, Federico González, al titular de la Comisión Permanente, Ángel Paniagua, e ingresó a mesa de entrada de la Comisión Permanente el 21 de febrero. En la sesión del 22 de febrero de la Comisión Permanente pasó en Asuntos Entrados y luego el documento se remitió a Diputados y se le dio entrada el miércoles 8 de marzo.
La intervención de la Municipalidad de San Pedro culminó de manera oficial el 12 de marzo y ayer el jefe comunal retomó su cargo en medio de un tenso ambiente, pues primero amenazó que llegaría con 3.000 personas, aunque no tuvo la convocatoria y se escudó con un fuerte contingente policial.
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Rodríguez está imputado por supuesta lesión de confianza y el viernes 17 de marzo debe comparecer para su audiencia de imposición de medidas.
La fiscala Victoria Acuña pidió al juez Humberto Otazú que prohíba el ingreso del jefe comunal a la municipalidad. La fiscala dilató por mucho tiempo la imputación del político, quien fue candidato a diputado por el cartismo, pues en julio de 2022 la Junta Municipal sampedrana denunció al jefe comunal, respaldado con el informe de la Contraloría General, que detectó un faltante de G. 5.000 millones. Recién cuando el interventor anexó el informe “descongeló” la denuncia, llamativamente dos días antes de que Emiliano Rolón asuma como fiscal general.