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La CGR salió al paso de una serie de declaraciones por parte de autoridades del IPS, quienes llegaron a sostener que la obligación de remitir documentos sobre la situación contable de la institución podría interrumpir los servicios o demora en el pago a proveedores.
El contralor general, Camilo Benítez Aldana, remitió una nota al titular del IPS, Vicente Bataglia, para desmentir estas afirmaciones. “Ante versiones de que este Organismo Superior de Control prohibió, hasta emitir su informe, el proceso de pago a los proveedores de insumos, medicamentos, productos e instrumentos médicos y de laboratorio, se recuerda que la Contraloría General de la República no es un órgano ejecutivo ni punitivo sino exclusivamente de control”, refiere el documento.
“Cualquier demora o suspensión de pago es absoluta responsabilidad de las autoridades del Instituto de Previsión Social”, asevera el documento.
Las afirmaciones de una supuesta orden de cese de pagos fueron emitidas por los propios abogados de la institución. “No se va a pagar a los proveedores mientras los documentos estén en el juzgado”, afirmó uno de los representantes legales de la previsional.
“Eventualmente, los proveedores seguramente al no pagársele más no van a proveer más los materiales médicos y los medicamentos”, insistió el profesional en conversación con medios de prensa.
Lo llamativo del caso es que la previsional se negó sistemáticamente durante tres meses a entregar la documentación y espero a que un juez emitiera una intimación para entregar los papeles en camiones, a sabiendas de que podrían haber realizado la entrega de documentos por partes y en tiempo y forma.
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Desde el pasado noviembre, la Contraloría solicitó mediante reiteradas notas al IPS toda la documentación relacionada a la deuda de US$ 250 millones que el seguro social tiene con las empresas farmacéuticas.
Además, los papeles vinculados a las líneas de crédito que fueron aprobadas recientemente por el IPS por unos G. 425.000 millones para comenzar a abonar el compromiso.
Ante la falta de respuesta de la institución que pone excusas desde hace tres meses y tras recibir una última advertencia -el lunes último- de remitir los documentos faltantes en un plazo de 24 horas, la Contraloría solicitó esta semana una medida judicial para obtener esos papeles.
Al verse obligados a entregar, judicialmente, los documentos, las autoridades del IPS ahora pretenden responsabilizar a otras instituciones de un supuesto cese de pagos.