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La ampliación de la emergencia es para dar continuidad a los contratos de unos 770 agentes penitenciarios y 200 personal de salud que prestan servicios en las cárceles del país. Este punto fue fuertemente cuestionado por las diputadas Celeste Amarilla (PLRA) y Kattya González(PEN) quienes indicaron que el pedido del Ejecutivo fue escueto, que no tiene ningún argumento para extender la ley. Agregaron que este pedido debía presentarse durante el plazo ordinario y no ser tratado en un periodo de receso parlamentario durante una sesión extra.
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“El Ejecutivo se burla del Legislativo, esta ley tenía que ser presentada en el plazo ordinario, no en la extraordinario. No cumple con los requisitos constitucionales, es solo para seguir manteniendo a los zoqueteros en año electoral”, dijo la diputada Kattya González.
Por su parte, los colorados instaron a la aprobación de la ley. “La emergencia es innegable y de manera recurrente hemos solicitado para mejorar el sistema penitenciario. Hay que preocuparse por la seguridad del país y extender los contratos a 900 personas que ya vienen trabajando 770 son penitenciarios, y 230 personal de blanco”, dijo Rocío Abed (cartista).
El pasado 24 de enero los Senadores aprobaron el pedido con modificaciones en cuanto a los plazos, pues el Ministerio de Justicia había solicitado una prórroga de 180 días, es decir casi hasta el final del mandato de Mario Abdo Benítez, no obstante se dio 120 días para la vigencia de la ley de emergencia.
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Qué fue aprobado
La Ley de Emergencia Penitenciaria amplió el presupuesto del Ministerio de Justicia para agilizar la construcción de tres nuevas penitenciarías y el uso de fuerzas públicas (policías y militares) para el control en el perímetro de las cárceles, desde septiembre de 2019.
Igualmente, habilitó a la cartera de Justicia a la contratación de personal, bienes y servicios bajo el régimen de excepción previsto en la Ley 2.051/03 «De Contrataciones Públicas». Dos nuevas penitenciarías, en Minga Guazú y en Emboscada, siguen esperando ser habilitadas.
Por otro lado fue postergado el segundo punto del orden del día el proyecto de ley “Que declara de utilidad pública y expropia a favor del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones varios inmuebles del distrito de Villarrica, con asiento del Aeródromo de Villarrica, departamento del Guairá”, con media sanción de Senadores a pedido de la diputada Rocío Vallejo (PPQ).