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Unos 15.000 dólares pagó el 26 de marzo de 2018 la empresa Tebicuary Campos & Haciendas SA, representada por Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano –hijo del presidente con permiso de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes– para la transferencia de la marca industrial del desaparecido diario La Tribuna. El monto de la operación fue revelado ayer a ABC por el expropietario del distintivo y actual presidente del Consejo de la Magistratura, Óscar Paciello Samaniego.
Paciello Samaniego relató que Asdrúbal Fretes –hijo del ministro Fretes– le había contactado “INTERESADOS” (sic) en adquirir la marca de otro medio, cuyo dueño era una persona conocida suya, “no recuerdo si era La República, lo que ellos pretendían. Le consulté a esa persona que en ese momento era cliente mío... y este señor me dijo: No, si vendo, vendo por tanto... Como yo tenía inutilizada; no estaba dándole utilidad a esa marca (La Tribuna) le dije al DOCTOR FRETES: yo tengo esto disponible si a ustedes les interesa” (sic).
Al repreguntarle al titular del Consejo de la Magistratura si contactó con el ministro Antonio Fretes sobre la venta de la marca, primero confirmó que SÍ, aunque, luego intentó desdecirse señalando que el trato se realizó con el hijo del presidente del Poder Judicial, Asdrúbal Fretes. “Le comenté al doctor Fretes que con Asdrúbal (Fretes) estábamos viendo esa posibilidad, que yo le ofrecí. Le comenté porque hablábamos de todo. No hay nada que esconder aquí” (sic).
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Paciello Samaniego finalmente dijo que todo el interés vino de parte de Asdrúbal Fretes y la sociedad que compró, “no recuerdo el nombre. Era una sociedad de Asdrúbal Fretes la que compró, no recuerdo el nombre, está en la escritura pública. Todo el trato comercial se hizo con Asdrúbal (Fretes) como representante de una sociedad anónima. El doctor Fretes estaba al tanto porque yo le comenté”, declaró.
Antonio Fretes, el accionista mayoritario
Lo cierto es que al momento de concretar la compra de la marca La Tribuna, la empresa Tebicuary Campos & Haciendas SA tenía como accionista mayoritario al ministro y presidente de la Corte, Antonio Fretes. El integrante del máximo tribunal tenía 86 acciones por G. 4.300 millones, según el acta de asamblea general extraordinaria del 7 de noviembre de 2018, transcripta por el escribano Félix Nicolás Martínez.
Para entonces, Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano –hijo de Fretes– tenía apenas 16 acciones por G. 800 millones; Lourdes Beatriz González Gómez, 26 acciones por G. 1.300 millones; y Río Salado SA, representada por Mariam Perla Gómez de González (madre de Lourdes González, oriunda de Quiindy –feudo del ministro Fretes– y viuda de un panadero) 29 acciones por G. 1.450 millones.
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Recién entre los años 2019 y 2022 el ministro Antonio Fretes procede a transferir sus acciones a su hijo Asdrúbral Fretes, según la constancia de beneficiario final del año 2022 emitida por la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales.
El presidente –con permiso– de la Corte realizó las transferencias coincidentemente apenas entró en vigencia el Decreto Nº 9043/2018, por el cual el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley Nº 5895/2017 “Que establece reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones”.
Esta normativa estableció reglas a los efectos de transparentar el régimen de las sociedades constituidas por acciones. Entre los puntos reglamentados están los mecanismos para ejecutar el canje de las acciones al portador por acciones nominativas, pudiendo conocerse al verdadero propietario o beneficiario final de las mismas.
Rubros muy diferentes
Tebicuary Campos & Haciendas SA actualizó el 15 de febrero de 2017 (un año antes de la compra de la marca de un diario) sus rubros ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Declaró que se dedicaba al “comercio al por mayor de materias primas pecuarias y animales vivos” y “actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados”. Es decir, nada referente a medios.
Grosero pisoteo a la Constitución Nacional
El Art. 254 de la Constitución Nacional establece taxativamente que: “Los magistrados (incluidos los ministros de la Corte) no pueden ejercer, mientras duren en sus funciones, otro cargo público o privado, remunerado o no, salvo la docencia o la investigación científica, a tiempo parcial. Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o actividad profesional o política alguna, no desempeñar cargos en organismos oficiales o privados, partidos, asociaciones o movimientos políticos”.
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El presidente del Consejo de la Magistratura, Óscar Paciello Samaniego, confesó ayer que el ministro Antonio Fretes estaba al tanto de la negociación de la marca de La Tribuna. Sin embargo, al insistírsele sobre las incompatibilidades del ministro y más todavía atendiendo su profesión de abogado, respondió que la negociación e interés de compra de la marca (La Tribuna) vino de Asdrúbal Fretes (hijo de Fretes).
Afirmó que al ministro del Poder Judicial SOLO le comentó que cerró un trato y las tratativas con su hijo Asdrúbal Fretes en medio de otras conversaciones.