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Existen vínculos comerciales entre Asdrúbal Fretes y Gregorio Acosta Talavera, que es uno de los actores de la demanda. La recusación ya se venía preparando ayer y se reforzó con la publicación periodística. Luego, se expuso ante la Sala Constitucional, alegando que hay elementos suficientes para que el ministro Antonio Fretes se aparte de entender.
“Las sentencias dictadas en primera y segunda instancia no tenían fundamentación suficiente. La falta de motivación era evidente y había contradicciones internas; la Corte tiene asentado en su jurisprudencia este tipo de casos como sentencia arbitraria”, expresó el procurador general de la República, Rodolfo Barrios Duba.
“Acudimos a la Corte presentando esta acción de inconstitucionalidad en la confianza de que los ministros podían impartir justicia y en mi rol de representante del Estado fui en defensa de esos intereses patrimoniales”, añadió el alto funcionario.
El abogado Acosta Talavera es el que patrocina el pedido de cobro de US$ 40 millones y, como ya se vio, está muy vinculado con intereses económicos de por medio a uno de los hijos de Antonio Fretes, Asdrúbal.
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Cómo se inició el vínculo
Gregorio Acosta en el 2019 abrió una empresa con Asdrúbal, hijo del ministro de la Corte. La misma se llama Greclas S. La empresa Greclas SA fue constituida, según registros comerciales, el 13 de febrero de 2019 entre Acosta Talavera, Asdrúbal Fretes, Reinaldo Agustín Bazán Barrientos y Claudio Vera Larroza (yerno del exministro de la Corte Víctor Núñez). El capital inicial era de G. 5.000 millones.
Lo llamativo es que uno de los profesionales que están tras el millonario reclamo de indemnización al Estado es Gregorio Daniel Acosta Talavera, socio comercial de Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano.
La demanda pide US$ 40 millones al Estado paraguayo como indemnización por la tortura y asesinato de Joel Filártiga. Lo curioso es que uno de los familiares de Filártiga declaró que estos abogados no están accionando siquiera en su representación.
En definitiva, ni más ni menos que el socio comercial del hijo de Fretes es uña y mugre con uno de los abogados de esta causa.
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Fretes puede argumentar a su favor
Con esta recusación, explicó el procurador, Fretes recibe la información y él debería emitir sus motivaciones en caso de que considere que no corresponde apartarse, o podría directamente apartarse, que es lo que corresponde en base a la imparcialidad, explicó el procurador.
En caso de que decida no apartarse, la Sala Constitucional deberá integrarse con otro miembro de la Corte para resolver el planteamiento.
La Sala Constitucional está compuesta por Víctor Ríos, César Diesel y Antonio Fretes, que tendría que ser reemplazado por algún otro miembro de otra Sala, que resolverá la decisión. Lo que ellos resuelvan es definitivo.
No puede imponer su voluntad
Fretes no puede imponer su decisión de no apartarse. La causal invocada es el presunto interés de Fretes en el pleito por los US$ 40 millones.
Los vínculos de Asdrúbal con el abogado Gregorio Daniel Acosta Talavera no se limitan a la sociedad constituida en el año 2019, sino también a otros negocios anteriores en los cuales aparecen juntos. Uno de ellos es el contrato privado de compraventa sobre un inmueble que pretendía venderse al Indert por casi G. 60.000 millones.
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La documentación celebrada en diciembre de 2018 -dos meses antes de la constitución de Greclas SA- señala que Acosta Talavera cedía la totalidad de sus derechos y acciones sobre el pedido de venta de un inmueble al Indert a favor de Asdrúbal Fretes, Reinaldo Bazán Barrientos y Claudio Vera Larroza. El precio fue fijado en US$ 2.850.000.
La venta al ente agrario, sin embargo, no se concretó debido a superposición de títulos, según los antecedentes.
Funcionario del Poder Judicial
El abogado Gregorio Daniel Acosta Talavera también fue funcionario del Poder Judicial. En 2021 demandó a los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia y Gladys Bareiro de Módica (+) y otros funcionarios de la Corte, por supuestos daños y perjuicios.
En este caso, Acosta Talavera exige una indemnización de G. 2.000 millones tras haber sido sumariado por presunto planillerismo en el año 2019, periodo en que estaba internado en el exterior como consecuencia de un tumor en la cabeza.