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La comisión de Derechos Humanos, presidida por la diputada Esmérita Sánchez (PLRA) remitió en formato digital una lista de los objetores de conciencia al Servicio Militar Obligatorio de los últimos cinco años anteriores a la promulgación de la Ley 4013/2010 “Que reglamenta el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y establece el servicio sustitutivo al mismo en beneficio de la población civil”.
El fiscal Jorge Arce, quien había iniciado la investigación en su momento consultó a la Cámara de Diputados sobre el procedimiento llevado adelante por la comisión con respecto a las presentaciones, y si se ha realizado la percepción de montos de sumas de dinero en relación con la tramitación de dichas solicitudes del carnet de objetor de conciencia.
La diputada liberal respondió que según la resolución 40 de 1996 que avala el procedimiento seguido por la comisión de Derechos Humanos de Diputados para recibir la declaración de los objetores de conciencia, no establece el cobro en Diputados y que dicha constancia es gratuita.
El agente fiscal también en su momento solicitó copias autenticadas de las designaciones de los representantes ante la Comisión Nacional de Objeción de Conciencia, desde el 2018 hasta la fecha. Diputados responde que el diputado cartista Raúl Latorre es representante de Diputados para integrar el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio.
El caso por el que sigue como investigado
A más de 80 días de haber recibido una denuncia con más de 200 páginas de prueba documental y habiendo recibido respuesta de todas las instituciones, la fiscal Victoria Acuña, quien ahora lleva el caso no toma una determinación sea proceder a imputar o desestimar la causa denunciada por la abogada Diana Vargas.
La abogada había denunciado a Godoy por supuesto cobro compulsivo a 4.000 objetores de conciencia, desde el 2019 sin que legalmente pueda hacerlo.
Los informes también fueron requeridos a la Comisión de DD.HH. del Senado y Defensoría del Pueblo.
Renunció tras escándalo
Miguel Godoy renunció al cargo de Defensor del Pueblo para el que fue reelecto, a finales de septiembre debido a la inminente aprobación de la Cámara de Diputados de su juicio político y la resta de apoyo del cartismo, que luego de una férrea defensa decidió soltarle la mano. Además de la denuncia penal por cobro indebido por carnet de objetores de conciencia saltaban otras denuncias internas.