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La Contraloría General de la República (CGR) ordenó la apertura de un examen de correspondencia sobre las declaraciones juradas de bienes y rentas presentadas por el ministro y presidente con permiso de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes. Fue en respuesta al pedido realizado por Diputados, confirmó ayer el director general de la Dirección de Declaraciones Juradas del ente de Control, Armindo Torres.
La Cámara Baja había aprobado el 23 de noviembre pasado un proyecto de resolución mediante el cual se pedía a la CGR realizar un examen minucioso de correspondencia a las declaraciones juradas de bienes y rentas del ministro Fretes como de sus hijos Asdrúbal y Amílcar Fretes.
Con respecto a estos dos últimos, el ente de control ya abrió el proceso con anterioridad, mientras que con relación al miembro de la máxima instancia judicial se concretó el miércoles pasado, según explicó Torres.
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En el pedido remitido por los Diputados a la CGR, señala que el resultado de dicho examen deberá ser remitido al Ministerio Público.
El ministro y presidente de la Corte con permiso, Antonio Fretes, aparece como referente de una “rosca” que consiguió en los últimos años constituir varias empresas con capitales millonarios, además de hacerse con una descomunal cantidad de bienes inmobiliarios.
Como caras visibles de la mayoría de las compañías figuran Asdrúbal Fretes (hijo de Fretes) y la abogada Lourdes Beatriz González Gómez.
Investigación de la Corte contra Amílcar Fretes
Por otro lado, el presidente interino de la Corte, Alberto Martínez Simón, dispuso la apertura de la investigación preliminar contra el abogado Amílcar Fretes -hijo del ministro y presidente con permiso del Poder Judicial, Antonio Fretes- y contra Adriana Margarita Florentín Oliver, relatora de la Corte y pareja de Asdrúbal Fretes, el otro hijo de Fretes. El proceso es para conocer los vínculos de ambos con una supuesta rosca que opera dentro de la máxima instancia judicial.
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En el caso del abogado Amílcar Fretes (hijo de Antonio Fretes), ganó notoriedad al hacerse público un contrato de 368.000 dólares que firmó con el hijo de Kassem Mohamad Hijazi para impedir la extradición de este último a los Estados Unidos. En tanto, Adriana Florentín figura como parte de algunas de las empresas creadas por el clan Fretes, una de ellas es la casa de préstamos Ahoraité SA.