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Juan Báez, modesto poblador de la zona de Mbatovi que denunció el intento de despojo del inmueble en el que vive con su familia, presentará una serie de acciones legales contra quienes solicitaron y ejecutaron la demolición de parte de su casa sin que esta se encontrara dentro de propiedad ajena.
Así lo señaló Daniel Fernández, abogado de la familia de don Juan, en conversación con ABC Color.
“Teníamos a la vista tomar alguna acción legal. Ahora que el Indert le adjudicó el inmueble que era una fracción fiscal, se abren las puertas para que comencemos con esos procesos”, sostuvo ayer el abogado.
Como primer punto, Fernández señaló que plantearán acciones contra la exviceministra cartista de Tributación, Marta González Ayala, y su marido por los daños y perjuicios sufridos, puesto que fueron ellos quienes solicitaron el derribo de parte de la casa de don Juan.
“También presentaremos denuncias contra todas las personas involucradas en esta acción arbitraria. Desde las juezas hasta el oficial de justicia. Nadie se tomó la molestia de corroborar si la casa derrumbada estaba o no en la propiedad de Marta González”, sostuvo.
“Ahora queda más que confirmado que nunca estuvo dentro de su propiedad”, insistió.
El fin de una larga lucha
El pasado 30 de noviembre, Gina Gail González, titular del Indert, firmó la Resolución 4087/2022, a través de la cual desestimó una serie de pretensiones y finalmente adjudicó un inmueble fiscal de 16 hectáreas a Juan Báez Benítez, quien habita en el lugar junto a su familia desde hace casi tres décadas.
Báez vive desde hace casi 25 años en el lugar y denunció que Marta González Ayala y su esposo, el abogado Jacinto Santa María, intentaron echarlo en reiteradas oportunidades.
La historia empezó hace un par de años, cuando Vicente Montiel, suegro de Juan Báez, comenzó con el proceso de venta de cerca de 100 hectáreas que poseía en la zona de Mbatovi.
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Parte de las tierras fueron adquiridas por la firma Ruta 63 SA, que posteriormente las volvió a vender a González Ayala y Santa María.
Aunque Montiel vendió las que eran sus fincas, su familia encontró un remanente fiscal en el que se instalaron, fuera de la propiedad que había sido vendida, aunque vecina a esta.
El propio Indert había confirmado que el inmueble en cuestión era fiscal. Aún así, González Ayala y su esposo, Jacinto Santa María, insistían en decir que eran los propietarios.
Demolieron la vivienda
El 22 de setiembre de este año, efectivos de la Policía y militares llegaron hasta la casa de don Juan y derrumbaron parte de ella.
La demolición, pretendida por González Ayala, fue efectuada mediante una serie de decisiones llamativas. La exviceministra planteó en 2019 un interdicto de obra nueva contra Juan Báez.
El interdicto de obra nueva está regulado en los artículos 653, 654 y 655 del Código Procesal Civil. En concreto, el último artículo establece que la sentencia “dispondrá la suspensión definitiva de la obra, o, en su caso, su destrucción y la restitución de las cosas al estado anterior, a costa del vencido”.
A pesar de la claridad del señalado artículo, en noviembre de 2019 la jueza de primera instancia en lo Civil de Paraguarí Nancy Cabrera dictó una sentencia en la que ordenó la “restitución de la posesión”.
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Para poder ejercer un interdicto de obra nueva, los demandantes debieron haber tenido la posesión o ser dueños del derecho real de propiedad. Sin embargo, la magistrada Cabrera ordenó la “restitución de la posesión”.
Según señalaron abogados consultados por ABC Color, para poder “restituir la posesión”, de ser ese el caso, debería haberse recurrido a un interdicto de recobrar la posesión, otro tipo de figura legal.
Precisamente por publicar la agobiante situación de don Juan, la funcionaria pública presentó dos querellas contra Natalia Zuccolillo y Juan Carlos Lezcano, directora y periodista de ABC Color.
El juez Juan Carlos Zárate Pastor había señalado durante el juicio contra nuestros compañeros que la sentencia en la que se basó el derrumbe de la casa era “arbitraria”.