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Entre los 29 puntos a ser tratados, hay cinco proyectos que plantean un impacto en el presupuesto de esta por G. 37.495.487.487, y el monto mayor de este total corresponde a un pago propuesto de G. 24.000 millones para obreros cesantes de Acero del Paraguay (Acepar), empresa estatal que está inoperativa desde finales del 2013.
El proyecto que se encuentra en su primer trámite en Diputados pretende que el Estado se haga cargo del pago a unos 400 trabajadores de la quebrada empresa estatal, todo esto en pleno año electoral.
Otros desembolsos millonarios que se plantean son para cuestionadas administraciones departamentales. Es el caso de la Gobernación de Central, a la que se pretende otorgar una ampliación de G. 2.343.319.970 para cubrir salarios y deudas dejadas por el exgobernador imputado por presunta “tragada” de fondos covid, Hugo Javier González (ANR, HC).
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Las principales deudas de la gobernación centralina son en concepto de pago por el programa de alimentación escolar y becas a estudiantes.
Situación muy similar a la gobernación de Presidente Hayes, gestionada por el también imputado Rubén Roussillón (ANR, oficialista), al que se pretende dar una ampliación de G. 4.108.195.573 para gastos de dudoso control como viáticos, combustibles y programas de subsidio.
También se debe analizar el veto del Ejecutivo a una ampliación de G. 2.891.871.970 para aumento salarial de funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).
Finalmente, sin mayores cuestionamientos, también se pretende estudiar una ampliación de G. 4.152.099.974 para el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) que es requerida para asistencia alimentaria a varias comunidades del país. Esta iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado.