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El caso tendría un fuerte tufo a corrupción, o cuando menos una grave negligencia de las instituciones del Estado. En 1988, se dispuso la expropiación de la propiedad de 743 hectáreas, ubicadas en una zona conocida como Paso Carreta, actualmente denominada Colonia 22 de Abril, en el municipio de Natalio, Itapúa, donde desde 1973 ya están asentadas unas 100 familias.
Lo grave del caso es que el Estado pagó por orden judicial G. 1.486 millones en 2004 por la expropiación de estas tierras al entonces propietario Eladio Gaona Lugo, pese a que en paralelo, en el año 2000, el Fondo Ganadero (FG) ejecutó una hipoteca sobre el inmueble por una deuda de G. 324.799.171 que Gaona Lugo nunca pagó.
El proyecto de ley proveniente del Senado plantea condonar la deuda de Gaona Lugo con el Fondo Ganadero para permitir la transferencia, algo que las comisiones de Diputados rechazaron, advirtiendo que dejará un nefasto precedente, si prospera, ya que implicaría que el Estado se haga cargo de la irresponsabilidad de una personas, que además cobró millones y aún así no honró sus deudas.
Todo esto hizo que desde 1988 hasta hoy, es decir en 34 años, el Gobierno no pudiera tramitar el traspaso del título de propiedad, haciendo que Gaona Lugo, que ya cobró su dinero, siga figurando como propietario de las tierras.
“Nosotros vamos a rechazar el proyecto que viene del Senado porque no es una solución. Es una cuestión particular pero deja un antecedente que realmente no soluciona el problema de fondo, porque la propiedad va a seguir a nombre de Gaona Lugo. Presuntamente, coima de por medio, habrán hecho esta expropiación”. afirmó el diputado Édgar Acosta (PLRA, efrainista).
Acosta enfatizó en que rechazarán la ley ya que no es una solución viable ni justa. Incluso durante la audiencia, los ocupantes propusieron pagar ellos la deuda de Gaona Lugo para tener finalmente una solución, pero tampoco es una alternativa.
“No podemos aceptar que paguen una deuda que no les corresponde o que el Estado pague. Cientos de miles deben de haber de estos casos y que pasa si aparecen más, millones vamos a ir condonando, una locura es”, sostuvo Acosta, que cuestionó duramente que las instituciones dependientes del Ejecutivo no encuentren un mecanismo legal para solucionar el conflicto.
“Realmente es lamentable que las instituciones del poder Ejecutivo todas hablen como que son departamentos estancos. Cómo no pueden reunirse el Indert, el Fondo Ganadero y la Procuraduría si el Estado es uno solo. Ellos hablan como si hubiera diez países”, criticó.
“La corrupción es lo que hace todo esto. No se ponen de acuerdo las mismas instituciones que son parte del Ejecutivo para lograr algo que es tan sencillo. Gaona Lugo ya cobró en su momento. Ya tendría que haberse sacado de eso para pagar el embargo y debió habérsele ya pasado al Indert y no se hizo y ahora es todo un tema otra vez”, reprochó finalmente.
Queda en manos del Fondo Ganadero y la Procuraduría
Luego de la reunión, el representante de la Procuraduría, Carlos López se comprometió a dialogar con los representantes del Fondo Ganadero para pedir el levantamiento del embargo, que es el que impide la transferencia.
“Ya lo único que falta es levantar el embargo y para eso tiene legitimación activa el Fondo Ganadero. Si ellos levantan el embargo, está allanado el camino para que se escriture la propiedad a favor del Indert y luego de los colonos. Esta es la opción más corta, yo no veo el motivo por el cual el Fondo Ganadero deba negarse, pero para el caso que no ocurra esto, tenemos la otra posibilidad que es demandar la obligación de escritura pública al señor Eladio Gaona Lugo”, indicó sobre lo acordado al final de la reunión la diputada Celeste Amarilla (PLRA, efrainista).
Amarilla y Acosta coincidieron en mencionar el tufo a corrupción que desprende el caso y el manejo que tienen las autoridades, tanto del Ejecutivo como de la Justicia.
“Los diputados y senadores de la época aprobaron la expropiación de una propiedad hipotecada. Otro involucrado es el Ministerio de Hacienda del 2004, que cuando paga, tenían que saber o pedir condiciones de dominio y decir esto está hipotecado y no puedo pagar. También el Fondo Ganadero, todos”, cuestionó Amarilla.
Acosta por su parte fue más duro y directo, sobre todo con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), institución a la que catalogó como una de las “más corruptas del país”.
“De todas estas instituciones, el Indert es una de las más corruptas del país, ellos buscan que haya caos. Ellos quieren que la desorganización esté organizada para sacar ventaja, Muchas veces no titulan los terrenos para que haya un caos y vaya la gente del Indert a coimearle a los ocupantes”, acusó.
Hubo denuncia de coima para acelerar pago
Ya en 2004, el pago por estas tierras estuvo salpicado por claros indicios de corrupción, ya que ese año, la hija de Eladio Gaona Lugo realizó una cámara oculta para denunciar el supuesto pago de coima al entonces senador Amado Yambay (ANR) para lograr finalmente el pago por las tierras.
Llamativamente, luego de 17 años sin lograr cobrar por la expropiación (algo lógico porque su propiedad estaba embargada), Gaona Lugo “mágicamente” logró con ayuda de la justicia, que el Gobierno pague por su propiedad en tres cuotas, todas desembolsadas ese mismo año.
El 4 de febrero de 2004 le pagaron G. 500.000.000, y otros dos desembolsos el 14 de septiembre, uno de G. 785.430.502 y otro de G. 200.569.415. Pese a todas estas evidencias y hechos objetivo, Yambay fue blanqueado con ayuda de la Fiscalía.