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La comisión especial que analizará las denuncias de malversación en la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú estará integrada por diputados de diversas bancadas.
Los cartistas Esteban Samaniego, Juan Carlos “Nano” Galaverna, Abelino Dávalos y los oficialistas Hugo Ramírez y Ángel Paniagua serán los colorados que se sumarán a los diputados liberales Eusebio Alvarenga, Sergio Rojas, Teófilo Espínola y Tito Ibarrola (multibancada), quienes ya fueron designados la semana pasada. De esta manera, cinco colorados, tres liberales y un diputado de la multibancada analizarán la gestión del colorado cartista Gustavo Rodríguez.
La Cámara de Diputados en sesión extraordinaria aprobó el miércoles pasado el acuerdo constitucional para conformar la comisión especial que va a analizar el pedido de intervención a la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú, administrada por el cartista Gustavo Rodríguez.
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Al completarse los miembros de esta comisión especial de intervención se tiene un plazo de 15 días para emitir los dictámenes sobre las innumerables denuncias de malversación que existen en contra de Gustavo Rodríguez y elevar luego el informe al pleno de la Cámara Baja para solicitar o no la intervención municipal.
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¿Qué dice la Constitución Nacional sobre la intervención de las municipalidades?
El artículo 165 de la Constitución Nacional indica que las intervenciones a municipios o gobernaciones se podrán llevar adelante por un acuerdo en la Cámara de Diputados a solicitud de los concejales por decisión de la mayoría absoluta.
El artículo dispone también que debe comprobarse la grave irregularidad en la ejecución del presupuesto o en la administración de los bienes, previo dictamen de la Contraloría General de la República. Este procedimiento se cumplió, pues la Contraloría detectó una malversación de unos G. 2.500 millones en la administración Rodríguez, por lo cual, la Junta Municipal de San Pedro de Ycuamandyyú pidió al Ministerio del Interior solicitar la intervención a los diputados.
El artículo de la Carta Magna también indica que, “de confirmarse las denuncias y las irregularidades, los diputados aprobarán la intervención por 90 días y quedará en manos de Poder Ejecutivo designar al interventor”.