Diputados bastardean ley sobre excepciones al secreto bancario

La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de Ley que plantea incluir al Congreso entre las instituciones exceptuadas de las restricciones del secreto bancario, para que pueda solicitar informes al Banco Central del Paraguay (BCP), bastardeando el espíritu de la iniciativa, Se incluyó la salvedad de que el BCP solo contestará datos sobre las entidades financieras, no así sobre cuentas en particular. El caso que precisamente motivó esta propuesta de ley fue el pedido de informes de la CBI sobre los millonarios “préstamos” hechos del expresidente Horacio Cartes, a lo que el BCP respondió con documentos totalmente tachados y censurados alegando secreto bancario.

Garabatos que forman parte de respuesta del BCP al Senado sobre pedido de informes sobre préstamos del expresidente Horacio Cartes.
Garabatos que forman parte de respuesta del BCP al Senado sobre pedido de informes sobre préstamos del expresidente Horacio Cartes.ABC Color

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La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que modifica las excepciones del secreto bancario con las modificaciones propuestas por la Comisión de “Equidad social y género”, que introduce sustanciales modificaciones a la iniciativa proveniente del Senado. El cambio principal se introdujo fue en el articulo 7 inciso E, agregando un “blindaje” para casos como el de Cartes.

Si bien se mantuvo la potestad de las Cámaras del Congreso y comisiones de Investigación de requerir información resguardada bajo “secreto bancario”, agregaron que “la información que podrá ser requerida y otorgada es la relativa a las entidades financieras, no así la de las operaciones de los clientes de las mismas”.“

La diputada Rocío Abed (ANR, HC), la misma que admitió “mover la colita” cada vez que ve al exmandatario, fue la que argumentó a favor de estas modificaciones, alegando que supuestamente, al dar potestades a legisladores de requerir estas informaciones se estaría “desalentando” las inversiones por temor de particulares de que se pueda acceder a su información financiera.

Este argumento es falaz, ya que la propia propuesta de ley establece la obligación tanto del BCP como del requirente a resguardar la información otorgada y que se respete el secreto bancario.

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