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En el primer punto del orden del día de la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados se trató el pedido de conformar la comisión especial para analizar la denuncia de los concejales sampedranos y solicitado por el ministro del Interior Federico González, quien pidió la intervención a la administración del intendente Gustavo Rodríguez (ANR- HC), al frente de la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú.
El pedido fue aprobado luego del tercer intento, pues las dos veces anteriores no se podía conformar la comisión por que los diputados cartistas dejaban sin quórum y de esa manera se postergaba el pedido.
La comisión especial para analizar la intervención de San Pedro del Ycuamandyyú está conformada por los liberales Eusebio Alvarenga, Sergio Rojas, Teófilo Espínola, Tito Ibarrola (Multibancada) y los colorados deben acercar los nombres de sus miembros a la mesa directiva de Diputados el próximo lunes.
La comisión especial de intervención luego de completarse los miembros tendrá un plazo de 15 días para emitir sus dictámenes y elevar al informe para solicitar o no la intervención municipal.
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Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú: lo que dice la Constitución Nacional sobre las intervenciones
El artículo 165 de la Constitución Nacional indica que las intervenciones a municipios o gobernaciones se podrán llevar adelante por un acuerdo en la Cámara de Diputados a solicitud de los concejales por decisión de la mayoría absoluta.
El artículo dispone también que de comprobarse grave irregularidad en la ejecución del presupuesto o en la administración de los bienes, previo dictamen de la Contraloría General de la República.
Si se confirmase las denuncias y las irregularidades los diputados aprobarán la intervención por 90 días y quedarán en manos de Poder Ejecutivo designar al interventor.
Las irregularidades
Las irregularidades cometidas por el intendente Gustavo Rodríguez, recientemente reelegido y quien busca una banca en Diputados de mano del cartismo, es que los ediles rechazaron el balance de su ejercicio fiscal 2021 por no contar con documentos respaldatorios. Además, a pedido de los concejales, la Contraloría General de la República (CGR) realizó una auditoría y detectó una malversación de G. 2.500 millones.
Asimismo, la denuncia contra el intendente fue presentada por siete concejales en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción en junio pasado.
Otra irregularidad del intendente cartista es no rendir cuentas al Ministerio de Hacienda, por lo cual la Comuna no recibe recursos de royalties ni Fonacide.
Rodríguez está también inhabilitado para firmar cheques en el Banco Nacional de Fomento (BNF). Asimismo, la municipalidad adeuda a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) por la expedición de licencias de conducir. Por último, el matadero y vertedero municipal están inhabilitados para operar porque no tienen licencias del Mades ni de Senacsa.