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El miércoles 8 de junio, la Cámara de Diputados aceptó la ratificación del Senado y sancionó las modificaciones que se plantearon a la ley diplomática que lleva la denominación “servicio diplomático y consular y del servicio técnico y administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)”. Entre otras cuestiones, el Senado cuestionó en su momento que la Cámara de Diputados eleve la categoría de Academia al Instituto Superior y que dependa de la Cancillería nacional y no del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
La norma original promovida principalmente por la senadora Lilian Samaniego (ANR, oficialista), titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, generó controversias en Diputados que forzó a los sindicatos del MRE y a las autoridades de la Cancillería a acordar un texto consensuado.
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Niegan que politización
Según la senadora Lilian Samaniego, el sistema de ingreso a la carrera diplomática seguirá siendo a través del concurso público de oposición y que “por única vez” se hará un concurso interno entre los funcionarios que están en el servicio técnico y administrativo para acceder a la diplomacia.
Aunque Samaniego dijo que esta ley no permitirá a nadie, entre ellos políticos, “entren por la ventana”, la senadora Blanca Ovelar (ANR, oficialista) apuntó que el artículo 65 habilita a diputados y senadores y a otros funcionarios de distintas reparticiones del Estado a incorporarse a los cursos que da la Academia Diplomática, sin aclarar por qué motivo lo harían.
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Un dato no menor es que el esposa de la senadora Samaniego, es el cónsul general en Foz de Iguazú, Jorge Antonio Coscia Saccarello, un designado político, en cargo exclusivo para funcionarios de carrera.
La incorporación de funcionarios por “única vez” y de manera gradual en tres años tendrá un impacto anual de G. 13.000 millones, situación financiera que no fue objetada en el Senado.