26 de agosto de 2025
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados acordó aprobar con modificaciones el proyecto de ley conocido como “anti Hernán Rivas”, que busca evitar que ambas cámaras del Congreso sigan designando representantes ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que tengan cuestionada formación jurídica/académica y también plantea retocar el plazo de mandato.
El diputado colorado cartista, José Rodríguez, aseguró que la conclusión de la intervención realizada a la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez en la Municipalidad de Asunción iría al archivo una vez que ingrese al orden del día. Adelantó además que la misma será rechazada tras la renuncia del jefe comunal.
Ante masiva “pérdida” de expedientes en juzgados vinculados a la “mafia de los pagares”, el senador Rafael Filizzola (PDP), anunció un proyecto de ley para levantar cualquier embargo mientras los documentos estén “desaparecidos”. Valoró el trabajo del Ministerio de la Defensa Pública; repudió que la Dirección de Jubilaciones no pare los descuentos irregulares y anunció una reunión con el Fiscal General del Estado el próximo martes.
La Contraloría General de la República (CGR) detectó deficiencias en el control de la Municipalidad de Santa Rosa (Misiones) sobre garantías contractuales con las empresas que ejecutaron las obras en el marco del “Aporte Especial” de G. 1.500 millones que el Estado transfirió al distrito por ser sede de Monumentos Históricos de las Misiones Jesuíticas.
Diputados opositores presentaron pedidos de informes a la Presidencia de la República, al Ministerio del Interior y a la presidencia de la Cámara Baja para que den a conocer el informe final del interventor Carlos Pereira de la gestión del intendente cartista renunciante de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, que se tiene cajoneado, a diferencia del caso Miguel Prieto en Ciudad del Este, cuyo informe corrió “como un rayo”. También pidieron una convocatoria urgente al ministro Enrique Riera.
Familiares de los jóvenes denunciados por agresión contra un joven de primer año, sostienen la existencia de una alta corrupción imperante en los Tribunales Militares. Indicaron que la privación de libertad en un instrumento de presión y chantaje, además de que se les pidió dinero para investigar el caso. Por otra parte, exigen la intervención de organismos de derechos humanos y de control institucional.