Los condenados son Víctor Álvaro Roca Vargas, ahora de 50 años de edad, boliviano de ascendencia japonesa, quien fue castigado con 30 años de pena ordinaria más 10 años de medidas de seguridad, y Cristhian Picha Ricaldi, ahora de 28 años de edad, boliviano con documento peruano, quien fue sentenciado a 15 años de pena ordinaria más 5 años de medidas de seguridad.
Víctor seguirá cumpliendo su sentencia en la cárcel Padre Juan Antonio de la Vega de Emboscada y Cristhian permanecerá recluido en el penal de Emboscada Antigua.
Ambos extranjeros fueron declarados culpables de homicidio doloso por un Tribunal de Sentencia del departamento Central, presidido por Jorge David Romero Morínigo e integrado por Hugo Víctor Segovia Villasanti y Rodrigo Rubén Duré Ibarrola.
Los fiscales que investigaron el caso fueron Gedeón Marcel Escobar Torres, Carlos Alberto Maldonado Ramírez y María Irene Álvarez Ferrario de Monges.
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Dueño de un motel
La víctima de los bolivianos fue Mikhael Vasilievich Legotkin, de 42 años de edad, nacido en Kazajistán, país que era parte de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y que actualmente abarca una parte de Asia y otra de Europa.
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El secuestro del kazajo se produjo en la madrugada del 3 de febrero de 2022, cuando los dos bolivianos se hospedaron en el motel Casa Blanca de Emboscada, perteneciente a Mikhael, a quien redujeron a golpes al llamarlo para quejarse de una supuesta falla en la cañería de una habitación.
Ese mismo día, llevaron a la víctima en su propia camioneta hasta una casa de San Antonio que los matones habían alquilado previamente, donde habrían asesinado.
El día de la muerte del kazajo
La muerte de la víctima se produjo al día siguiente, el 4 de febrero, y su cuerpo entonces fue metido dentro de un congelador que los bolivianos también habían comprado solo horas antes justamente para conservar el cadáver.
En la noche del 8 de febrero, los bolivianos descuartizaron al kazajo y escondieron los pedazos en dos bolsones grandes que a su vez fueron enterrados en una fosa común en Ypané.
Los asesinos cayeron detenidos el 11 de febrero, después de que policías de Homicidios los identificaran mediante seguimiento de cámaras de seguridad, principalmente desde el lugar en Villa Elisa donde abandonaron la camioneta de la víctima y desde Luque donde alquilaron un automóvil que utilizaron durante el secuestro.
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Según dijeron en su momento los sospechosos, pensaban pedir rescate por el kazajo, pese a que las instrucciones con las que vinieron a Paraguay eran matarlo.
Supuestamente, los criminales vinieron para cobrar una deuda de US$ 200.000 que tenía la familia de Vasilievich con un “patrón” internacional; pero si no pagaba, los matones tenían la orden de matar al hombre, tal como al final lo hicieron.