La familia de Tobías Amarilla, de 22 años, denunció presuntas irregularidades en el proceso que enfrenta el joven, acusado de un supuesto hurto agravado ocurrido el pasado 22 de octubre en una empresa de Capiatá. A pesar de que la defensa presentó evidencias que, según aseguran, demuestran su inocencia, la fiscala Alicia Fernández solicitó la prisión preventiva sin recibir las pruebas de descargo.
Según la denuncia, el hecho que se le atribuye a Amarilla ocurrió en la firma Megalpar, en Capiatá, mientras que el joven se encontraba trabajando en la zona de Ñemby.
La abogada defensora, Linda Monges, manifestó que “la única prueba en la carpeta fiscal es la declaración de la víctima”, mientras que existen registros de video y conversaciones que ubican al acusado en otro sitio.
“Nosotros presentamos videos, capturas de pantalla y pruebas que muestran que él estaba en su trabajo en el mismo horario del robo. Aun así, la fiscala no quiso recibirnos ni permitir la declaración de mi cliente”, explicó Monges. “Incluso, tuvimos que hablar con el juez para evitar que lo remitan a Tacumbú. El magistrado concedió diez días para presentar todas las pruebas”, agregó.
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Lo que dice la madre del detenido
Por su parte, Celeste Amarilla, madre del joven, relató que antes de la detención su familia fue objeto de acoso y hostigamiento por parte de personas que llegaban en vehículos particulares a su vivienda y al lugar de trabajo de su hijo.
“Se acercaban autos sin identificación, sacaban fotos a mi hijo y se iban. Fui a la comisaría a preguntar si había una denuncia, y me decían que no sabían. Después de varios días, me entero de que ya existía una orden de detención”, denunció la madre. “Mi hijo es inocente. Tenemos las cámaras que prueban que estaba en Ñemby cuando ocurrió el robo en Capiatá. Solo pedimos que la fiscala escuche y vea las pruebas”, añadió.
Actualmente, Tobías Amarilla continúa recluido en la Comisaría Octava de Capiatá, mientras la defensa insiste en que se valoren los elementos presentados y se respete el debido proceso.
Los familiares piden que la Fiscalía revise el caso con objetividad y que se garantice el derecho a la defensa del joven, a quien describen como “trabajador, responsable y sostén de su hogar”.