La intervención a la vivienda de Roberto Cárdenas Ramírez (ANR-HC) fue encabezada por la fiscala de Ejecución Penal N° 4, Celia Beckelman, quien fue designada ayer como coadyuvante en el caso (el titular es Gabriel Palumbo, que, a su vez, interina a la fiscala de la causa Dominica Deidamia Zayas Acevedo, que tiene permiso de maternidad). La agente estuvo acompañada por policías de la Agrupación Especializada, a cargo del comisario Balbino Vega.
Previamente, durante una reunión con el comandante de la Policía, Carlos Benítez, se trazó la estrategia para capturar a Cárdenas. En esta ocasión se estableció llevar a cabo el allanamiento en horas de la noche, autorizado por la jueza de Ejecución Penal Lidia Wyder, atendiendo que el mismo podría estar descansando en su hogar, en ese momento.
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Sin embargo, al llegar al domicilio en la ciudad de Lambaré, la comitiva fue recibida por personas que señalaron ser familiares del exjefe comunal requerido por la Justicia. Uno de sus hijos les indicó que Roberto Cárdenas ya no residía en el lugar; se hizo el cateo y se comprobó que efectivamente no estaba, indicaron los intervinientes.
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La magistrada Wyder había emanado el Auto Interlocutorio (AI) N° 197 el 10 de octubre de 2025, señalando que, una vez detenido Cárdenas Ramírez deberá ser trasladado a la penitenciaría que establezca la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, para guardar reclusión, en libre comunicación y a disposición del Juzgado de Ejecución.
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Condena a 8 años por corrupción con Fonacide
El 23 de diciembre de 2021, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por las juezas Yolanda Portillo (presidente), Yolanda Morel y Elsa García, condenó al exintendente de Lambaré Roberto Cárdenas Ramírez a 8 años de pena privativa de libertad, por los hechos de lesión de confianza y actividades peligrosas en la construcción.
También fue sentenciado en el juicio oral a 6 años de cárcel el exdirector de Administración y Finanzas del municipio lambareño Guido Fernando Salcedo, como autor de lesión de confianza y cómplice del delito de actividades peligrosas en la construcción.
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De igual manera, fueron penados con 3 años de prisión el encargado de la Dirección de Obras del municipio lambareño Carlos María Mendieta Candia y el titular de la empresa ADC Construcciones, Alejandrino Duarte Centurión, cuya firma fue la que se encargó de las obras en cuatro instituciones educativas. Las penas de estos fueron confirmadas por la Sala Penal de la Corte, que rechazó los recursos de casación planteados por las defensas.
Las pruebas producidas en el juicio oral por los fiscales Luis Said, Carina Sánchez y Teresita Torres, demostraron, que los condenados ocasionaron al municipio lambareño un daño patrimonial de G. 859.155.192, mediante la construcción de obras, remodelación y ampliación, realizadas con dinero del Fonacide en instituciones educativas de la ciudad, entre noviembre de 2012 y diciembre de 2013.
