De las seis personas identificadas e imputadas por la fiscala Ruth Benítez en el marco de la Operación Golfo, tres fueron detenidas tras los allanamientos realizados el día de hoy. La causa trata de un fraude a una operadora telefónica cuyo perjuicio es de G. 104.760.000.
“Se registraron 56 operaciones fraudulentas realizadas desde la billetera de la entidad de telefonía. A partir de ahí el funcionario desleal hizo transferencias a otras billeteras y estas personas titulares de dichas billeteras o números vinculados a esas billeteras en el preciso instante en que recibieron esas sumas de dinero fueron a retirar”, explicó la fiscala.
Uno de los detenidos es el exempleado de la empresa de telefonía, a quien identificaron como Juan Daniel Candia Arce y quien sería el líder del grupo. Arce trabajó durante un año una empresa telefónica renombrada, de la que fue desvinculado por hechos similares, luego pasó a la empresa afectada y posteriormente dedicarse a una empresa de decoración.
De acuerdo a la hipótesis fiscal, Candia contaba con un usuario y una contraseña que le daba el acceso a una a una línea de gestión, donde se depositaban los remanentes de las líneas que se daban de baja tras tres meses de inactividad.
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“Esas líneas se encontraban vinculadas a billeteras y con saldos, esos remanentes van directamente a una cuenta común que le corresponde a la empresa de telefonía y es denominada línea de gestión. Él detectó una suma importante dentro de la línea de gestión. Entonces, encontró la vía como para disponer de ese dinero que no le correspondía”, detalló.
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Detenidos recibieron transferencias
El principal sospechoso de liderar el esquema envió los más de G. 104 millones a lo largo de su función en su calidad de empleado de la empresa de telefonía a cinco cuentas distribuidas entre familiares y amigos del mismo. El total de operaciones es de 56 de G. 2.000.000 cada una.
“Uno es primo hermano, residía en el mismo domicilio con él y otros amigos y parejas de los amigos. No se descarta de que este monto siga aumentando”, indicó.
La imputación se haría de acuerdo al artículo 70 del Código Penal la cual tiene una expectativa de pena que supera los 7 años, aunque los hechos punibles son todos considerados delitos que no superan los 5 años. La imputación es por estafa mediante sistemas informáticos, como así también acceso indebido a datos.
Sin embargo, siempre y cuando estas personas tengan el interés de reparar el daño para que sean pasibles de una salida menos gravosa y no llegar a juicio oral, el código le da la posibilidad que ante la reparación del daño total, tienen la posibilidad de gozar de una medida menos gravosa, inclusive una salida procesal y no llegar a un juicio oral y eventual condena, aclaró la fiscala.