En comunicación con ABC Cardinal este martes, la jueza Luz Rosana Bogarín, hizo un relato de cómo fue la visita que ella y otras magistradas realizaron la semana pasada a la penitenciaría de Emboscada Antigua, donde hallaron celdas VIP para internos que supuestamente acceden a ese privilegio pagando, y habló de cómo la ley rige las inspecciones judiciales y del Ministerio de Justicia a las instituciones penitenciarias.
Un escándalo sacude al Ministerio de Justicia luego de que ayer se hiciera público que, durante una inspección, un grupo de juezas determinó la existencia de privilegios para ciertas personas privadas de su libertad en la penitenciaría de Emboscada Antigua, que son albergados en celdas con un nivel de lujo y comodidad muy por encima del que recibe el resto de la población de la cárcel.
El hallazgo se produjo durante una visita de inspección de parte de las juezas, entre ellas Bogarín, en la cual se revisaron áreas y pabellones de la cárcel de Emboscada Antigua de forma aleatoria, a pesar de que - según comentó - las autoridades del penal intentaron guiar a las magistradas hacia ciertas zonas y lejos de otras.
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En un momento dado, las magistradas se percataron de que el acceso a un área estaba cerrado con candado y exigieron que se les permita el ingreso, lo que lograron tras cierta reticencia de los guardias penitenciarios, quienes no ofrecieron colaboración y además se negaron a revelar quiénes estaban albergados en esa zona.
Fue allí que las juezas hallaron celdas equipadas con distintos lujos como televisores con cable, acondicionadores de aire, un comedor y cocina muy bien equipado, entre otras comodidades.
Celdas “privadas” para presos de alto perfil
La jueza Bogarín comentó que incluso encontraron a un interno haciendo trabajos de albañilería para la construcción de una nueva celda “privada”.
El término “privada” suele utilizarse para referirse a habitaciones para visitas conyugales a personas privadas de su libertad, pero la inspección determinó que estas celdas privadas estarían siendo tomadas por internos que pagan por albergarse en ellas, pagando cifras mensuales de hasta 300.000 guaraníes.
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Según explicaron ayer las magistradas, en los pabellones donde fueron halladas las celdas VIP estaban albergadas personas privadas de su libertad de alto perfil, muchas de ellas vinculadas al narcotráfico, como Fernando Balbuena, hijo del exdiputado liberal Elvis Balbuena; el ciudadano dominicano Raibel Joselin Reyes, capturado por tráfico de éxtasis; el narcotraficantee Erwin Solalinda Krausse, entre otras personas vinculadas a hechos de tráfico, lavado, feminicidio y robos.
La magistrada dijo que el director de la penitenciaría, Humberto Renée López, no dio “ninguna explicación” sobre la situación anómala detectada por las juezas y agregó que intentó “minimizar” la situación.
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La jueza Bogarín enfatizó que lo reprochable de la situación no es que las personas privadas de su libertad sean albergadas de manera cómoda en centros penitenciarios, sino la situación de desigualdad y privilegios para unos pocos internos.
Ministerio de Justicia inició auditoría tras hallazgo
La jueza Bogarín explicó que el Código de Ejecución establece la posibilidad de que tanto magistrados como el Ministerio de Justicia realicen visitas de inspección para determinar las condiciones de habitabilidad en las penitenciarías del país. Estas visitas deben hacerse de manera trimestral y, por tener un fin “contralor”, las inspecciones judiciales y del Ministerio de Justicia no pueden coincidir en fecha.
Comentó que los magistrados de la circunscripción de Capital, que abarca a Emboscada Antigua, delinearon un cronograma de inspecciones mensuales para llegar a todas las penitenciarías que les corresponde.
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Indicó que durante la última visita no se pudo inspeccionar toda la penitenciaría debido al tamaño de la institución y porque las autoridades del penal les advirtieron que revisar los pabellones restantes, donde estaría el grueso de la población - que en total es de más de 1.700 personas –, podría ser “peligroso”.
A pesar de eso, comentó que las juezas planeaban volver al penal ayer lunes, con seguridad adicional, para continuar con las inspecciones, pero tuvieron que cancelar ese plan debido a la apertura de una auditoría a la cárcel por parte del Ministerio de Justicia, teniendo en cuenta que la ley no permite inspecciones simultáneas.