A menos de dos años del Operativo Veneratio, con el que el gobierno de Santiago Peña aseguró que el Estado había retomado el control de las cárceles del país que estaban manejadas por grupos criminales, cuatro juezas verificaron lo contrario al constatar el viernes la existencia de celdas VIP en la Penitenciaría Nacional de Emboscada, así como también que los propios reclusos tenían el control del ingreso a las mismas con las llaves, imposibilitando el acceso de los guardiacárceles al momento en el que realizaban la inspección en el lugar.
“Al tiempo de llegar a estos lugares, hemos pedido las explicaciones al director. Inclusive en principio no tenía las llaves, inclusive dijeron que estaban en las entrevistas y nosotros ordenamos de que se abra”, indicó la jueza de ejecución penal Luz Rosanna Bogarín.
“Nos llamó la atención cuando dijimos que nos abran las puertas es que los mismos internos de adentro se estaban llaveando. O sea, para un lugar penitenciario donde tiene que ser el agente penitenciario, el que justamente tome esas medidas, eran ellos desde adentro”, destacó la jueza penal de ejecución especializada en delitos económicos, anticorrupción y crimen organizado, María Lidia Wyder.
Entre otras series de irregularidades halladas, las magistradas aclararon que no están en contra de que las personas privadas de libertad vivan en buenas condiciones, pero sí criticaron que pese a todos los controles que deben tener las instituciones penales, se instalen construcciones como las de celdas VIP, como su equipamiento y las autoridades las pasen por alto, mientras que la mayoría de los 1.738 reclusos viven en situación de vulnerabilidad.
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Costo de las celdas VIP
Durante el recorrido realizado por las magistradas a la Cárcel de Emboscada, consultaron a varios de los internos que estaban en la zona de las celdas VIP si es que se pagaba un precio por ocupar las mismas.
De acuerdo al informe presentado hoy, en las dependencias conocidas como “privadas”, donde encontraron camas, sofás, frigobares, muebles varios, acondicionadores de aire, televisores plasma, ventiladores, baños privados con ducha, kicchinette amoblado, mesas, sillas, congeladores con carne, heladeras y celulares, los reclusos dijeron que pagaban G. 300.000 por el uso de las mismas, sin recibo de dinero, ya que el cobro es realizado por otro de los internos.
Además, otros de los servicios por los que se paga es por el de cocina y lavado de ropas, también a cargo de otros internos.
En el sector de dependencias para las visitas privadas o conyugales de los internos, además de las diez habitaciones para uso de los mismos que son propias de la penitenciaría, encontraron en total 14 habitaciones más, cuyo regente es otro interno que cobra G. 30.000 para el servicio denominado “rapidito”, mientras que para alquilarlas por toda una noche tienen un costo de G. 130.000 y G. 170.000, también sin expedición de recibo alguno.
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¿Quiénes estaban en las celdas VIP?
En el pabellón que contaba con dos alas de celdas “VIP”, interconectado por un pasillo, en la zona derecha e izquierda, aproximadamente a 20 metros de la entrada principal, encontraron a tres internos sentados al costado del acceso principal en condiciones de “guardias” de las citadas celdas.
Una vez que ingresaron a las celdas VIP encontraron al interno Flavio Rojas, que sería un piloto de avión procesado por tráfico de cocaína capturado en Bolivia y expulsado a nuestro país por contar con orden de captura desde el 2020.
El mismo funge de cocinero de las celdas “VIP”, a Raibel Joselin Reyes, dominicano capturado en el 2021 en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi con más de 30.000 pastillas de éxtasis.
En otro departamento “VIP”, loft del procesado Fernando Balbuena, hijo del exdiputado liberal Elvis Balbuena, procesado como integrante de un esquema de narcotráfico de Cordillera que fue capturado en el 2022 en el marco del Operativo Navis. Este refirió a las magistradas que abona mensualmente G. 300.000 en concepto de aporte solidario para ocupar el departamento.
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Condenados por narcotráfico y lavado
Subiendo una escalera que lleva a un segundo piso, hallaron dos habitaciones, la primera habitada por el ucraniano Victor Melnyk, también capturado en el marco del Operativo Navis, pero junto a una gran cantidad de dinero en dólares, quien además es supuesto soldado paramilitar de España que en plena crisis por la pandemia fue descubierto ingresando de manera ilegal a Argentina desde Paraguay en el 2020. Con este operativo se incautaron 947 kilos de cocaína que serían enviados a Europa.
En la habitación contigua se encontraba Erwin Jorge Solalinda Krausse, condenado a 24 años de cárcel tras la que se considera la segunda mayor incautación de marihuana del país en 2016 en Villeta y sospechoso de haber ordenado el asesinato de su sobrino, el odontólogo Enrique Antonio Silgueira Solalinde (28), mientras cumplía su condena por narcotráfico. Este coincidió en que paga G. 300.000 de manera mensual a una persona apodada Chacorte.
En un segundo piso hay un altillo, donde se encontraban tres camas pertenecientes a los internos Cornelio Duarte, condenado por tráfico de marihuana, Christian Lujan y Ulices Núñez, este último condenado por el feminicidio de Natalia Silveira.
Posteriormente, la comitiva descubrió un pasillo que lleva a un pabellón interno habitado por Diego Cañete, quien dijo preparar un loft VIP para un tal Martínez. En la planta baja observaron camas de dos pisos con algunos internos durmiendo, en una de las habitaciones encontraron a Jorge Burgos, detenido en el 2018 como dueño de una narcoavioneta en el marco del Operativo Austral, en compañía de una mujer, que refirió abonar G. 150.000 por noche.
En otro sector fue ubicado Juan de la Cruz Medina, detenido en el 2018 por un caso de extorsión, quien refirió convivir con 13 internos. Posteriormente, ingresaron a la habitación estilo privada, donde encontraron a Bernardino Quiñónez, condenado por tráfico de 400 kilos de marihuana, y Roberto Portillo, condenado por apropiación de G. 4.039.378.102 de una constructora.
Los demás internos que habitan el lugar son Derlis Sanabria, Lidio Sanabria, José Franco y José Feliciano Martínez. Durante el control en el Sector Escuelita, donde conviven entre setenta a ochenta internos aproximadamente y sería empleada como celdas “semi VIP”, encontraron a Raúl Frendt, Luis Sebriano (A Ultranza), Bruno Ciancio (Megacarga de 3.415 kg de cocaína del 2021), Hugo Ramón Ojeda Sánchez (el “rey de los robos domiciliarios”) y Claudio Rojas.
Las otras dos juezas de ejecución penal que participaron de la inspección son Cynthia Sostoa Santander y Sandra Noelia Kirchhofer González. Tras la denuncia realizada por las magistradas, las autoridades decidieron intervenir el centro de reclusión.