Clientes del Crédito Agrícola de Habilitación de la sucursal de Pirapó denunciaron un supuesto esquema de estafas ocurrido entre 2023 y 2024, en el que habrían sido fabricados documentos para aprobar y cobrar créditos a sus nombres. Las víctimas se habrían enterado al ser requeridas por la institución para el pago de deudas que no reconocían haber contraído.
Según las 11 denuncias, el esquema operaba con exclientes que ya habían culminado el pago de créditos anteriormente. Los montos de los préstamos oscilaban entre G. 6 millones y G. 28 millones.
En el marco de la investigación de estos hechos, los agentes fiscales de las Unidades Penales de Colonias Unidas, Reinaldo Castillo y Héctor Garay, allanaron el miércoles la institución en busca de los documentos de las transacciones.
De acuerdo con la presunción del Ministerio Público, los funcionarios de la sucursal producían los documentos, mientras que los cheques emitidos eran retirados por terceros.
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Los mismos fueron sometidos a sumario administrativo, por lo que dos fueron apartados desde el año pasado y pasaron a depender de la Dirección de Desarrollo de Personas, mientras que una funcionaria habría renunciado y actualmente se encuentra en España, según los investigadores.
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Cambiaron el sistema
El gerente de Servicios de la zona Sureste del CAH, ingeniero Juan Ovelar, indicó que, debido a los incidentes denunciados por los clientes, la institución adoptó un nuevo sistema para la entrega de cheques de los créditos, a fin de evitar que funcionarios desleales incurran en prácticas con antecedentes de denuncias desde 2015.
Actualmente, el proceso de acreditación fue bancarizado, por lo que los préstamos son depositados directamente en las cuentas de los beneficiarios. Ovelar indicó además que continúan expectantes a la determinación de la justicia respecto al posible daño patrimonial a la institución y que, en caso de comprobarse, reconocerán a los afectados que las cuentas no les pertenecen.
Entretanto, los fiscales aguardarán los resultados de las pericias caligráficas que determinarán si hubo falsificación de firmas para emitir cheques a nombre de las víctimas. Los funcionarios serán investigados por producción y utilización de documentos no auténticos, según los fiscales.