El pedido de protección fue hecho ayer miércoles por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Manuel Diesel Junghanns, quien durante la sesión plenaria ordinaria alertó sobre las amenazas que supuestamente recibieron tres jueces de Ciudad del Este que celebraron un juicio oral y público que terminó el 12 de agosto pasado.
Los integrantes del Tribunal de Sentencia que supuestamente están en peligro son Evangelina Villalba Montanía, Óscar Gabriel Genez Ayala y Lourdes Milva Morínigo Vera, quienes desde hoy jueves ya tienen guardia policial permanente.
La custodia fue suministrada por el director de Policía de Alto Paraná, comisario general inspector Feliciano Martínez Peña, aunque por órdenes emitidas desde el Ministerio del Interior.
De hecho, el director Martínez presentó a los nuevos custodios en una reunión que se hizo en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este, donde los policías fueron recibidos por la presidenta de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, camarista Juliana Jiménez Portillo; el vicepresidente primero, camarista Efrén Giménez Vázquez, y la vicepresidenta segunda, camarista Ybete Welter de Troes.
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También estuvieron los tres jueces de Sentencia supuestamente amenazados Lourdes Milva Morínigo Vera, Evangelina Villalba Montanía y Óscar Gabriel Genez Ayala.

Amenaza, tras condena por corrupción
Los tres magistrados habrían recibido advertencias de que serían asesinados ellos o miembros de su familia en represalia por las condenas impuestas en el proceso que se abrió el 12 de diciembre de 2023, cuando la Policía desmanteló una estructura que introducía y vendía drogas, alcohol y otros elementos prohibidos en la penitenciaría regional de Ciudad del Este.
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Dicha investigación estuvo a cargo del fiscal de Narcotráfico de Ciudad del Este, Manuel María Rojas Rodríguez, quien consiguió las condenas, que sin embargo fueron muy distintas a las que solicitó en el juicio oral.
Por ejemplo, el fiscal Manuel Rojas pidió 8 años de cárcel para que el era director de la cárcel, Rubén Ireneo Lombardo Cristaldo, y 12 años de encierro para el que era coordinador de seguridad del mismo penal, Francisco Javier Ramírez Torres, quienes sin embargo fueron condenados a 18 años y 9 meses de reclusión debido a que permitían el ingreso y la comercialización de los elementos prohibidos.

Penas solicitadas para funcionarios de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este
El fiscal requirió un castigo de 11 años y 6 meses para Jorge Darío Mendoza Penayo, quien al final fue penado con 12 años, ya que era el responsable de meter las drogas y el alcohol al reclusorio en un furgón con el que simulaba ser de un equipo de servicio técnico de internet.
Para el secretario de este, Leonardo Araújo Vera, el fiscal solicitó 2 años, aunque con suspensión de la ejecución de la condena, pero el Tribunal de Sentencia le sentenció a 6 años de encierro.
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El fiscal también pidió 8 años de condena para los internos Ali Issa Chamas, Ali Imad Fouani y Diego Pedro Barcik, quienes sin embargo fueron castigados solo con 6 años, pese a comprobarse que manejaban el negocio ilegal dentro de la población penal de Ciudad del Este.
El que era portero de la cárcel de Ciudad del Este, Héctor Fredy Mendoza Báez, inicialmente detenido con los demás funcionarios, fue sobreseído.