En el marco del operativo “Caolín”, la Policía Nacional ejecutó esta mañana nueve allanamientos contra el esquema operativo del clan Rotela que operaba desde Tobatí, conformado por el núcleo familiar del líder, Armando Rotela.
Los procedimientos se realizan en viviendas y establecimientos rurales ubicados en los departamentos de Cordillera, Paraguarí y Central.
Los allanamientos en Paraguarí se realizan en dos establecimientos rurales ubicados en Yaguarón y Pirayú, mientras que en Central uno de los procedimientos se lleva a cabo en una vivienda ubicada en Ñemby.
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Buscan al “núcleo familiar”
Los investigados son la madre del líder, Ignacia Ayala de Rotela (60), sus hermanos y parejas de estos. Siete órdenes de captura fueron emitidas de forma preliminar.
El jefe de Antinarcóticos de la Policía, comisario César Diarte, confirmó que fueron detenidas la madre del líder del clan Rotela y sus hermanas Santa Luciana (27) y Gloria Guadalupe Rotela Ayala (25). Acotó que serían los “últimos eslabones” de la organización criminal.
La madre y las hermanas fueron detenidas en la vivienda familiar del clan, ubicada en Tobatí, donde este grupo criminal empezó a incurrir en hechos delictivos, según reveló el comisario.
También informó que un supuesto contador fue derivado a sede fiscal tras ser hallado en la vivienda donde se realizó el procedimiento en Ñemby, en la que se buscaba a la dueña de la casa, quien sería la presunta pareja del líder del clan -identificada con el nombre de “Águeda”- y uno de los objetivos de la investigación.
Tráfico de drogas y lavado de dinero
La estructura criminal investigada se encargaba de traficar estupefacientes desde el área Central hasta otros puntos del país, además de operaciones relacionadas con la compra y venta de armas de fuego, según informaron desde la Policía.
También se apunta a que el clan realizaba operaciones de lavado de dinero para legalizar lo obtenido de los hechos ilícitos a través de la compra de propiedades, animales y otros, que eran administrados por cercanos a Armando Rotela.
La investigación contra el núcleo familiar apuntado duró dos años y dos meses, en la que se recurrió, inclusive, a escuchas telefónicas.