Familiares de Juan Ernesto Vargas, un hombre de 81 años víctima de un brutal asalto en Alberdi, realizaron este domingo al mediodía una manifestación pacífica frente al Palacio de Justicia de Pilar para exigir a los magistrados que no otorguen medidas sustitutivas a la prisión a los presuntos cómplices del expolicía Richard Cáceres Ojeda.
El policía Richard Cáceres Ojeda, quien fue imputado por su supuesta participación en el atraco, ya fue beneficiado con prisión domiciliaria por decisión de la Cámara de Apelación integrada por los jueces Juan Manuel Stete, Waldemar Ortiz y Adelaida Servián, hecho que causó indignación entre los afectados.
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Según Diego Vargas, hijo de la principal víctima del asalto, la justicia ahora evalúa otorgar medidas alternativas a la prisión a los otros dos presuntos implicados en el hecho: Rando Javier Villalba Florenciañez y Kevin Andrés Molinas Caballero.
“La vida de mi padre estuvo en riesgo. No entendemos cómo la justicia puede favorecer a quienes participaron de este hecho violento. Pedimos que los jueces actúen con responsabilidad y no liberen a estos delincuentes”, expresó con firmeza Diego Vargas.
Los manifestantes llegaron con batucadas y a gritos pedían “justicia para Juan Vargas” y “no a la impunidad”. A la vez, reclamaron transparencia y firmeza en el proceso judicial. Indicaron que continuarán con las protestas si los sospechosos son beneficiados con libertad.
Grupo armado atacó casa de hombre
El asalto ocurrió en el mes de enero en Alberdi, cuando un grupo armado irrumpió de madrugada en la vivienda de Juan Ernesto Vargas, lo redujo violentamente y se alzó con una suma de dinero y objetos de valor. Las investigaciones apuntaron al entonces policía Richard Cáceres Ojeda como uno de los organizadores del golpe.
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Pese a la gravedad del caso, la decisión de conceder arresto domiciliario a Cáceres Ojeda generó malestar entre los pobladores de Alberdi, quienes consideran que la medida representa un retroceso en la lucha contra la inseguridad en la zona.
Ahora, con la posibilidad de que sus supuestos cómplices también obtengan beneficios judiciales, el temor y el enojo crecen entre las víctimas y sus allegados.
Los jueces de la Cámara aún no emitieron una resolución definitiva sobre Villalba y Molinas, pero la familia Vargas ya expresó su rotundo rechazo a cualquier tipo de concesión judicial que, según afirman, solo fomenta la impunidad.