La persecución indagada se registró en la madrugada del sábado 31 de mayo pasado, cuando el teniente coronel del Ejército Paraguayo Elvio Elías Servián Dote, de 44 años, salió del Comando de Ejército de Asunción (ex Caballería) a bordo de su camioneta y completamente borracho.
En su viaje a su domicilio, situado en Mariano Roque Alonso, el militar fue perseguido sobre la Ruta Transchaco por una patrullera de la comisaría 22° de Loma Pytá en la que estaban tres efectivos, el suboficial inspector Juan Manuel Duarte Riveros, de 34 años; suboficial primero Néstor Fabián Paredes González, de 28 años, y suboficial ayudante Adrián Martínez Duarte, de 23 años.
Supuestamente, el militar desobedeció la orden de detenerse y aceleró a fondo hasta llegar a su casa, donde finalmente fue arrestado.
Los policías sometieron al alcotest al militar, cuyo resultado fue de 0,992 mg/l, que es una graduación considerada extremadamente alta.
Supuestamente, en la sede de la comisaría 22°, el militar fue asistido por su esposa, Cristina Faviola Pereira Valdez, de 46 años, y en ese momento se habría producido una negociación entre ambas partes.
Los policías pidieron aparentemente G. 20 millones para liberar al militar. Ese último y su esposa, por su lado, consiguieron y transfirieron G. 15 millones a las cuentas bancarias de los policías, tras lo cual se produjo efectivamente la liberación.
Denuncia e imputaciones
Tras ser liberados, el militar y su esposa se presentaron esa misma tarde de sábado en la comisaría 10° de Mariano Roque Alonso y denunciaron a los policías de la comisaría 22° de Asunción.
Horas después, los policías habrían devuelto G. 13 millones, de los G. 15 millones recibidos, y el matrimonio afectado entonces quiso retirar la denuncia y dejar el caso en la nada, aunque ninguna de las partes contaba con que ya se había comunicado el incidente a la Fiscalía.
El fiscal designado resultó ser Itálico Adriano Rienzi González, quien intervino la comisaría 22° y ordenó las detenciones de los tres policías, del militar y de la esposa de este último.
A continuación, presentó imputación contra los tres policías por supuesta extorsión, cohecho pasivo agravado, frustración de la persecución y ejecución penal y coacción grave.
Sin embargo, al hacer el análisis de los hechos, también imputó al militar por supuesto soborno agravado, denuncia falsa, exposición a peligro del tránsito terrestre y resistencia.
Su esposa, en tanto, fue imputada por supuesto soborno agravado y denuncia falsa.
El fiscal Rienzi pidió para todos prisión preventiva con suspensión de la ejecución y, por ende, arresto domiciliario.
Reducción de las calificaciones
La imputación de la Fiscalía recayó en el despacho de Rodrigo Enmanuel Estigarribia Benítez, juez penal de garantías de Delitos Económicos.
El magistrado convocó a los tres policías para una audiencia de imposición de medidas en la que redujo las calificaciones de los hechos punibles imputados por el fiscal.
Por ejemplo, de los cuatro hechos imputados inicialmente, que fueron extorsión, cohecho pasivo agravado, frustración de la persecución y ejecución penal y coacción grave, el juez admitió solo cohecho pasivo agravado y frustración de la persecución y ejecución penal.
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A la vez, le dio libertad ambulatoria a los policías, supuestamente con consentimiento del Ministerio Público, aunque desde la Fiscalía insisten en que pidieron por lo menos arresto domiciliario.
En cuanto al matrimonio imputado, el juez admitió contra el militar solo el hecho punible de exposición a peligro del tránsito terrestre, eliminando el soborno agravado, la denuncia falsa y la resistencia.
La esposa del militar fue favorecida con la reducción a denuncia falsa, excluyéndose el soborno agravado.
Ampliación de imputación
Claramente disconforme con la resolución del juez Rodrigo Estigarribia, el fiscal de Mariano Roque Alonso Itálico Rienzi entonces presentó de nuevo una ampliación de imputación contra el militar, por resistencia, y contra su esposa por el hecho de soborno agravado .
La audiencia de imposición de medidas está marcada para hoy jueves. En ella, el juez deberá decidir el destino procesal del matrimonio.