Tres ciudadanos de nacionalidad china, de 54, 29 y 28 años de edad, fueron expulsados del territorio nacional por ingreso y permanencia irregular, en cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 6984/22 de Migraciones.
La expulsión administrativa fue ejecutada por la Dirección Nacional de Migraciones luego de que los extranjeros fueran puestos a disposición por la agente fiscal Irene Raquel Rolón, titular de la Unidad Penal N° 2 e interina de la Unidad Penal N° 1 de Coronel Bogado, departamento de Itapúa.
Según la Dirección Nacional de Migraciones, los ciudadanos expulsados formaban parte del grupo de personas hallado por la Policía Nacional tras un enfrentamiento con un grupo criminal involucrado en un hecho de robo agravado en la madrugada del martes, en una granja de criptominería ubicada en Coronel Oviedo. Los mismos estaban en la granja que fue asaltada, trabajando como técnicos, pero ingresaron a Paraguay de manera irregular, precisaron.
Otros dos extranjeros también involucrados —un ciudadano chino y un venezolano— fueron notificados para regularizar su situación migratoria, dado que contaban con registro de ingreso al país.
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Expulsión de chinos vinculados a asalto a criptominera
El titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter, valoró la diligencia y el correcto proceder de la fiscal interviniente, quien dio inmediata participación a la institución para la aplicación del procedimiento correspondiente.
“Este es el mecanismo legal establecido cuando se trata de ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular. La coordinación interinstitucional es clave para el cumplimiento efectivo de la normativa vigente”, expresó.
En contrapartida, el director nacional lamentó lo ocurrido recientemente en la zona del Chaco paraguayo, donde ciudadanos chinos que ingresaron clandestinamente al país fueron correctamente aprehendidos por la Policía Nacional, pero, llamativamente, fueron liberados posteriormente por el agente fiscal interviniente sin dar aviso alguno a Migraciones.
“Se trata de un proceder grave que vulnera las atribuciones legales de esta Dirección Nacional en materia de control y regularización de extranjeros. Esta situación fue formalmente reclamada ante el Ministerio Público, en resguardo del marco legal vigente y de las competencias que corresponden a esta institución”, concluyó.