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El fiscal Irán Suárez lideró un allanamiento ejecutado este miércoles en el estudio jurídico ubicado en la avenida Colón y Berlín de Asunción, que pertenece a la abogada Zully Ortiz, en el marco del caso denominado “La mafia de los pagarés”.
La intención del Ministerio Público es obtener supuestos expedientes relacionados con el caso denunciado sobre presunta estafa, que la abogada Ortiz, suspendida ya en el 2023, tendría en este despacho jurídico.
La abogada sería representante de la firma “Vanessa y Asociados”, que es vinculada a una presunta organización dedicada a la estafa de funcionarios asalariados.
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Extracción de expedientes
El abogado Hugo Correa, representante de su colega Ortiz, informó al “El Observador” desde el sitio allanado que recién esta mañana fue convocado y que está interiorizándose de la causa.
Agregó que hay expedientes que se retiraron durante el procedimiento fiscal.
Igualmente, afirmó que por parte de su clienta “no hay nada que esconder” y precisó que recién el viernes obtendría acceso a la carpeta fiscal.
Habrían hallado evidencias importantes
Por su parte, la abogada Noelia Núñez, representante de presuntas víctimas, reveló que se incautaron de expedientes judiciales que servirán para comprobar lo denunciado.
“Con este allanamiento podemos dar un grito de victoria porque hemos encontrado documentos indubitables que hacen a la relación de hechos denunciados y que podrían servir de fundamentos categóricos sobre la configuración de hechos punibles, que son más de ocho y que hoy estamos denunciando, y por los cuales ya fueron imputados otros representantes de otras firmas también representados por este bufete de abogado, principalmente por la abogada Ortiz, que hace más de una década viene realizando este tipo de actos”, comentó a Radio Universo.
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Acotó que se prevé un segundo allanamiento en la vivienda de la abogada Ortiz, quien -según la denuncia- es la que orquestaba los expedientes judiciales contra las víctimas.
La mafia de los pagarés: cómo funciona
Según la denuncia de varias víctimas, la estructura criminal promovía demandas sobre créditos y deudas ya canceladas, valiéndose de supuestos pagarés en vigencia y de empresas de maletín.
Para cometer la estafa, este esquema criminal integrado por abogados operó junto con Juzgados de Paz de Central y del Interior, así como también de ujieres del Poder Judicial, conforme a la denuncia.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya tomó medidas y, hasta la fecha, decidió suspender sin goce de salario a las juezas de Paz Liliana González de Bristot, de San Roque, y Analía Cibils, de La Encarnación.
