Sobreseen a Claudia Guillén y su padre por inacción fiscal en el caso de camioneta robada

El juez Raúl Florentín hizo lugar al sobreseimiento de la auxiliar fiscal Claudia Guillén y Ramón Alberto Guillén, solicitado por los abogados Cristóbal Cáceres, Álvaro Cáceres y Víctor Gulino, alegando que la Fiscalía no realizó ninguna de las diligencias de investigación. Los acusados fueron investigados por el uso de una camioneta que fue robada en el Brasil en el año 2022. El caso cobró relevancia porque la auxiliar fiscal fue detenida en la Costanera luego de una persecución policial.

Claudia Guillén camioneta
Claudia Guillén conversa con un agente de la Policía al momento de ser detenida.

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El juez Raúl Florentín dispuso el sobreseimiento definitivo de la auxiliar fiscal Claudia Guillén y su padre Ramón Guillén, quienes fueron investigados por el uso en el país de una camioneta hurtada del Brasil.

Los abogados Cristóbal Cáceres, Álvaro Cáceres y Víctor Dante Gulino plantearon el pedido de sobreseimiento alegando que la Fiscalía no realizó ninguna de las diligencias de investigación que indicó en su momento para justificar el sobreseimiento provisional, con lo cual no varió el estado de duda respecto a la participación de padre e hija en los hechos.

En marzo del 2023, Claudia Guillén cayó con una camioneta lujosa que fue robada en Brasil y cuya chapa fue verificada como falsa por la Policía.

Al momento de solicitar la verificación a la conductora de la camioneta, la mujer decidió huir de los intervinientes y se dirigió hacia la avenida José Asunción Flores, en zona de la Costanera Norte de Asunción, donde finalmente fue retenida.

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En ese punto, los intervinientes constataron, mediante fiscalización de su número de chasis, que el vehículo figura como robado en el estado de Santa Catarina, Brasil, en noviembre del 2022.

Libertad bajo fianza, pero...

En el mes de abril, el juez penal de garantías Raúl Florentín otorgó la libertad a la auxiliar fiscal. El magistrado ratificó la fianza real sobre un inmueble ofrecido por la defensa, tasado en US$ 320.000, y fijó un embargo de G. 1.000 millones sobre el mismo.

Prohibición de salir del país y de cambiar de domicilio sin autorización judicial y obligación de presentarse en tribunales cada tres meses son las demás condiciones establecidas por el magistrado.

Posteriormente, el fiscal Óscar López amplió la imputación e incluyó al padre de la funcionaria, el empresario Ramón “Monchi” Guillén, y al escribano que firmó la transferencia, Julio Cáceres Carrillo, por supuesta reducción y producción de documentos no auténticos.

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