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Los extranjeros sindicados como integrantes de la organización del supuesto narcotraficante Sebastián Marset que estuvieron a punto de ser liberados habían sido detenidos el viernes 23 de febrero de 2024 en la operación Halcón 3 del departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, que fue acompañada por el fiscal de Narcotráfico de Filadelfia, Andrés Eduardo Arriola Ramírez
Cuando eso, agentes de la oficina regional 16 de Antinarcóticos, con apoyo de comandos de la FOPE, irrumpieron en una pista de aterrizaje clandestina de 1.200 metros de longitud, así como en el hangar construido en el mismo lugar, en un sector no desarrollado de la estancia Allaité, a 58 kilómetros en línea recta de la localidad de Lagerenza, distrito de Bahía Negra, departamento de Alto Paraguay, en las coordenadas 19° 47′ 36″ S, 61° 18′ 01″ W, a solo 25 kilómetros en línea recta de la línea fronteriza con Bolivia.
En el sitio fueron sorprendidos y capturados los bolivianos Jesús Wilfredo Muñoz Espíndola (36), Franklin Muñoz Sossa (37), Carlos Andrés Cuéllar Garrido (23), Ysaías Ayala (28) y Edwin Ochinaga Díaz (31) .
También cayeron en ese entonces los brasileños Bruno Wesley Borges Amador (25), Glauber Fernández Dubal (41), Jonathan Da Silva Brum (29), Adalberto Ribeiro Machado (35) y Rhuan Da Silva Aires (22).
Según los datos, un hombre que formaba parte de este grupo logró escapar hacia el espeso monte y se cree que fue devorado por los yaguaretés que aún abundan en la región. Se trataría de Wesley Melo Rocha (30), nacido en Brasil, cuyos documentos fueron encontrados en el hangar.
Avioneta y micro aspirado
La comitiva encontró en ese momento no solo a los 10 presuntos narcos, que tenían dos fusiles Colt calibre 7.62, sino también una avioneta Cessna 210 que tenía adherida una matrícula CP-3177 de Bolivia, que en realidad corresponde a un helicóptero.
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Un microaspirado que se hizo a la avioneta el 17 de julio de 2024 detectó restos de cocaína dentro de la nave.
De hecho, los detenidos dijeron durante aquel procedimiento del 23 de febrero de 2024 que hacía solo 48 horas que la máquina había traído una carga de cocaína desde Bolivia. Ese alijo probablemente fue enterrado en una caleta en el monte que nunca fue encontrado.
Con los resultados del microspirado, el fiscal Andrés Arriola imputó a los cinco bolivianos y cinco brasileños por importación de sustancias estupefacientes (artículo 21), tráfico internacional de drogas (artículo 26) y asociación criminal (artículo 42), todos de la ley 1.340 de Narcotráfico, así como por el hecho punible de detentación (artículo 94), contenido en la ley 4.036 de Armas.
Como el fiscal Arriola después fue recusado, la acusación fue firmada después por su colega, la fiscala Laura Beatriz Ávalos Amarilla, quien presentó el escrito el 23 de agosto de 2024.
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Ahora los extranjeros están a la espera de la audiencia preliminar en la que se decidirá si afrontarán juicio oral. Se exponen a unos 25 años de cárcel.
Oficio judicial falsificado
Los cinco bolivianos capturados hace casi un año en el Chaco están en una de las cárceles de Emboscada. En tanto que los cinco brasileños se hallan recluidos, al menos hasta este sábado, en la penitenciaría regional de Villarrica.
Justamente, estos últimos, los cinco brasileños, estuvieron a punto de ser liberados en la noche del viernes con un oficio judicial falsificado al que llamativamente le dieron prioridad máxima en la cárcel de Villarrica, cuyo director es Denis Remigio Caballero Godoy.
Lo que supuestamente pasó fue que a las 19:45 aproximadamente llegó al penal un abogado que se identificó solo como Miguel Céspedes y que presentó un supuesto oficio número 76 emitido por “la Juez Penal de Sentencias 3 de Feria de la Circunscripción Judicial de Central, abogada Lilian Rosaura Flores Negri”, mediante la cual la magistrada supuestamente resolvió “hacer lugar a la garantía constitucional de hábeas corpus promovida por el profesional abogado Miguel Céspedes” y que por ende se decidió “disponer la libertad inmediata de los imputados Glauber Fernández Dubal, Adalberto Ribeiro Machado, Jonathan Da Silva Brum,Bruno Wesley Borges Amador y Rhuan Da Silva Aires”.
El supuesto oficio también establecía algunas reglas de conducta que debían cumplir los brasileños y llevaba firma y sello atribuidos a la magistrada Flores y a la actuaria judicial Anahí Ayala Lima, quienes dijeron que nunca firmaron dicho documento.
El documento falsificado tenía muchos errores e incluso el nombre del abogado fue escrito a mano y sobre un borrón que se hizo con corrector blanco.
Con todas estas deficiencias documentales, increíblemente, el director de la cárcel de Villarrica, Denis Remigio Caballero, y el jefe del área Judicial del penal, Luis Marecos, autorizaron inmediatamente la salida de los internos, además en un horario inusual, y firmaron el documento de comunicación de libertad dirigido a la Policía.
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Así, los cinco supuestos narcos brasileños fueron llevados ya alrededor de las 21:00 a la oficina regional del departamento Judicial de la Policía Nacional, que funciona en la misma ciudad de Villarrica, en la sede de la Dirección de Policía de Guairá, donde debían ser registrados y luego liberados.
Sin embargo, los policías de Judicial sí se percataron rápidamente de las irregularidades y comunicaron la situación al jefe de esa unidad, el comisario principal Walter Molinas, quien desde Asunción empezó a averiguar sobre el origen del documento.
Justamente, como era un horario inusual y tenían dudas, los policías le pidieron a los guardiacárceles que llevaran de nuevo a los presos a la penitenciaría, mientras ganaban tiempo para chequear la información.
El supuesto abogado que acompañaba a los brasileños supuestamente trató con mucha prepotencia y amenazaba con denunciar a los policías si seguían dilatando la liberación de sus clientes.
Los funcionarios de la cárcel, supuestamente, también llamativamente estaban muy interesados en “liquidar” rápido las documentaciones para que los brasileños recuperaran su libertad, pero al final tuvieron que llevarlos de nuevo al penal.
Otro elemento llamativo es que el director de la cárcel de Villarrica, Denis Caballero, comunicó el caso por mensajes de WhatsApp recién en la madrugada de este sábado al viceministro de Política Criminal, Víctor Manuel Benítez Salinas, aunque lo hizo solo cuando los presos “rebotaron” en el departamento Judicial.
Es decir, si salía bien la jugada, el viceministro se iba a enterar de la liberación de los extranjeros recién en horas de la mañana del día siguiente.
Justamente, ya en la mañana del sábado, cuando la jueza y actuaria supuestamente firmantes fueron consultadas por la Policía, se confirmó plenamente que se trataba de un documento falsificado y se frustró definitivamente la liberación de los cinco extranjeros.
El supuesto abogado Miguel Céspedes, en tanto, cuando se dio cuenta de que los descubrieron ya no apareció ni por la cárcel ni por la Dirección de Policía.
A Ultranza PY y Sebastián Marset
Los cinco brasileños que estuvieron a punto de ser liberados formaban parte aparentemente de la organización internacional supuestamente dirigida por el uruguayo prófugo Sebastián Enrique Marset Cabrera, alias Omelet, y el paraguayo encarcelado Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico.
Esto se sustenta en que los brasileños fueron detenidos en el lugar en el Chaco donde funcionaban la pista y el hangar conocidos como El Codo.
Este complejo estaba catalogado por la Senad como la principal base de operaciones de la red de Marset e Insfrán, desmantelada en la histórica operación A Ultranza Py, ejecutada en 2022.
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De hecho, en el informe escrito sobre el caso A Ultranza Py que presentaron a la Fiscalía los agentes especiales de la SIU de la Senad dice que ese lugar en el Chaco era manejado por el piloto paraguayo prófugo Gilberto Esteban Sandoval Giménez, señalado como mano derecha de Marset e Insfrán.
Supuestamente, Marset e Insfrán recibían en El Codo las cargas de cocaína que compraban de Bolivia y los pagos por los cargamentos enviados a Europa.
Tras la ejecución de la operación A Ultranza Py, estos brasileños que ahora casi fueron liberados supuestamente recibieron las instrucciones de reactivar la pista El Codo para seguir recibiendo y despachando cocaína y dinero en el lugar.