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Una comitiva del Ministerio Público, liderada por el fiscal Jorge Escobar, allana la sede central de la Cooperativa Luque Ltda., ubicada en Benigno González, en el centro de la ciudad homónima. Se investigan los supuestos hechos punibles de alteración de datos, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, según consta en la causa N° 1.250/2014.
El fiscal mencionó que la intervención —autorizada por la jueza penal de Garantías Elsa Idoyaga— se realiza para incautar documentos con relación a una investigación sobre un presunto desfalco de G. 12.000 millones, cometido entre los años 2022 y 2024.
Comentó que, en septiembre pasado, tres consejeros titulares de la cooperativa presentaron denuncia, con prueba documental, sobre irregularidades en el balance del 2023.
Sumado a eso, añadió, el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) realizó una fiscalización pública, cuyo informe arrojó una “falta de sinceramiento contable” que pondría en alto riesgo el patrimonio del ente financiero.
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Sospechan de esquema que otorgó créditos de forma irregular
A fin de precautelar los intereses de la masa societaria, la Fiscalía decidió abrir la causa para verificar si se cometieron hechos punibles o si habría un actuar negligente, según mencionó Escobar.
El agente del Ministerio Público mencionó que el informe del Incoop, de 28 páginas, revela que existen numerosas sospechas de alteración de balances, generando —hasta el momento— un perjuicio patrimonial importante de G. 12.000 millones.
Refirió que la hipótesis que toma fuerza es que se otorgaron, de forma irregular, numerosos préstamos por valores millonarios a socios que no tenían capacidad de pago o que no los solicitaron, así como también a personas que no existen para cometer el desfalco.
Acotó que altas autoridades con poder de decisión en la institución —incluso del directorio— estarían involucradas en el esquema que habría simulado los créditos para desviar fondos.
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Realizarán pericias
En el procedimiento ejecutado este jueves se busca incautar libros contables, actas del Consejo Directivo, balances generales de los últimos tres años y documentación relacionada con operaciones financieras específicas.
Entre los elementos de particular interés se encuentra una boleta de depósito por G. 500 millones realizada al Banco Visión, además de informes de distribución de excedentes de los últimos cinco años y registros de socios refinanciados entre 2023 y 2024.
Los documentos incautados serán sometidos a pericias contable, documental y caligráfica a fin de determinar si hubo irregularidades o negligencia, conforme mencionó el fiscal.
“Nosotros estamos llevando esta documentación para que se pueda peritar y determinar si estas irregularidades son falencias administrativas o realmente son conductas que puedan ser adecuadas a varios tipos penales”, declaró.
No descartan ampliar período de investigación
Escobar indicó que inicialmente se verificarán presuntas irregularidades cometidas desde el 2022 hasta la fecha, pero no se descarta ampliar el periodo de análisis, incluyendo balances de años anteriores.
La comitiva fiscal cuenta con el apoyo de la Comisaría Tercera Central de Luque y el Juzgado autorizó el uso de la fuerza pública si fuera necesario. La fiscalía tiene un plazo de 48 horas para informar al juzgado sobre los resultados del procedimiento.