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Pobladores del asentamiento Arapoty del distrito de Edelira fueron desalojados ayer por segunda vez este año, por una nueva orden de “cesación de hecho punible” por oficio 842/2024, firmada por el agente fiscal Luis Albertini. La propiedad en conflicto es requerida por un empresario del rubro agrícola, de origen belga Luc María Vanryckeghem. El afectado tendría a su nombre las 25 hectáreas que estaban presuntamente invadidas.
En esta ocasión fueron afectadas entre 60 y 80 personas, según precisó el agente fiscal coadyuvante Meiji Udagawa. Sostuvo que lograron dialogar con autoridades locales y representantes del asentamiento para llegar a una solución pacífica.
Los presuntos invasores acordaron salir de las tierras en disputa, por lo que no se requirió el uso de la fuerza para hacer cumplir la orden fiscal, acotó Udagawa. Explicó que en el sitio había casas precarias, pero que llamativamente no estaban habitadas.
El operativo estuvo encabezado por el director de la Dirección Departamental en Itapúa de la Policía Nacional, comisario general inspector Juan Agüero, con personal de apoyo de las direcciones de Policía de Guairá, Misiones y Caaguazú, además de personal de Apoyo Táctico y Técnico. En total se desplegaron 150 efectivos policiales para desarrollar el operativo.
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Desalojo reiterativo
El pasado 4 de julio, alrededor de 500 efectivos policiales, hicieron cumplir una orden de cesación de hecho punible en el mismo lugar. Fueron retiradas del sitio 80 familias que estaban asentadas en 280 hectáreas de la propiedad requerida por Vanryckeghem.
Anteriormente, el 5 de junio de 2023, un operativo similar con 400 policías realizó el mismo desalojo de 200 personas que estaban en el mismo terreno. Las intervenciones previas culminaron con la destrucción de precarias viviendas y cultivos que había en los terrenos.
Nuevamente, las familias quedaron sin resolver la falta de acceso a una vivienda. La comunidad tenía la promesa de que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) compraría la tierra invadida. Según mencionaron, el ente agrario habría presentado una oferta para adquirir las tierras en disputa, pero el propietario se habría negado a venderlas, por un desacuerdo en los precios solicitados por el empresario belga.