Metrobús: cómo prosigue el proceso penal tras la acusación fiscal contra Jiménez Gaona

El juez penal de Garantías Humberto Otazú explicó cómo prosigue el proceso penal que enfrenta el exministro del MOPC Ramón Jiménez Gaona y otros exfuncionarios, tras la acusación presentada ayer por la Fiscalía ante el fallido metrobús. Se habla de un perjuicio de casi US$ 24 millones.

Las obras que ejecutó Mota Engil, en el marco del fallido proyecto  metrobús fueron demolidas. La firma cobró unos US$ 30 millones e inclusive se le pagó por rehabilitar la vía que destrozó.
Las obras que ejecutó Mota Engil, en el marco del fallido proyecto metrobús fueron demolidas. La firma cobró unos US$ 30 millones e inclusive se le pagó por rehabilitar la vía que destrozó.Archivo, ABC Color

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La fiscala María Estefanía González presentó ayer acusación y pide juicio oral y público por presunta lesión de confianza para el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Ramón Jiménez Gaona, y otros funcionarios de su administración, por el caso de la fallida obra del metrobús.

El escrito conclusivo, de 51 páginas, fue presentado ante el Juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos a cargo del juez Humberto Otazú.

“En horas de la tarde se presentó un requerimiento conclusivo. De lo que pude obtener acceso en su momento, pude divisar la presentación de un requerimiento acusatorio, pero todavía no pude analizar el contenido”, reveló el juez esta mañana en ABC Cardinal.

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Ramón Jiménez Gaona, exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, procesado por lesión de confianza.
Ramón Jiménez Gaona, exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, procesado por lesión de confianza.

Tres días para admitir acusación fiscal y fijar audiencia preliminar

Otazú, asimismo, explicó cómo prosigue el proceso. En una primera etapa, debe expedirse sobre si el requerimiento conclusivo cumple las formalidades que establece el Código Procesal Penal (CPP) y fijar fecha para audiencia preliminar.

“Tenemos tres para estudiar si la presentación es correcta, si no hay defectos formales y corrobar toda la documentación y evidencias que se presentaron. Tenemos tres días para expedirnos”, dijo.

En cuanto al caso puntual, refirió que “normalmente” suele emitir una resolución previo al vencimiento de plazo, por lo que indicó que “no sé si me va a tomar tres días”.

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Señaló que en la misma providencia en la que se debe expedir sobre la admite o rechaza la la acusación, tendrá que fijar la fecha para la audienca preliminar. Para ello, tiene un plazo de entre 10 y 20 días, según precisó.

En segunda etapa analizan contenido

Ya en una segunda etapa del proceso, en la audiencia preliminar se analiza el contenido de la acusación para verificar si cumple con los requisitos que estable el CPP, según indicó.

“En la primera etapa es un control formal nomás. El resto, es para la segunda parte, en la audiencia preliminar. Es decir, si la acusación cumple los requisitos formales del Artículo 347 CPP, si la prueba es ilegal o ilegítima; ahí se hace el estudio final”, dijo.

El juez mencionó que las partes involucradas desde el momento de la admisión tienen cinco días para realizar las objeciones. No obstante, explicó que habitualmente estas son presentadas en la fecha de la audiencia preliminar, por lo que se extiende el plazo a dicha instancia.

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Acotó que en la audiencia preliminar se “uno analiza y resuelve primeramente el requerimiento conclusivo del Ministerio Público y luego las pretenciones de la parte si es que existen incidentes que puedan poner en duda el requerimiento fiscal”, mencionó.

La fiscal María Estefanía González (der.), agente encargada del caso metrobús.
La fiscal María Estefanía González (der.), agente encargada del caso metrobús.

Perjuicio millonario por metrobús

En su acusación, la fiscal menciona un perjuicio de casi US$ 24 millones en la ejecución fallido del proyecto metrobús.

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También refiere que Jiménez Gaona, en función de ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, en el periodo el año 2013 al 2018, no protegió el interés patrimonial del Estado, por lo que se pagó 29 certificaciones por un valor de US$ 29 millones, en el marco del fallido metrobús.

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