Cargando...
La abogada Simona Castillo, quien se desempeña como Defensora Pública en la localidad de Yby Yaú, departamento de Concepción, recibió una llamada de familiares de un hombre accidentado que fue derivado al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.
La denunciante expresó que, si bien pudo no activarse los protocolos, eso está en un segundo plano, y que los médicos están obligados a brindar asistencia a toda persona que la requiera.
Fue ante la negativa de los funcionarios del centro asistencial de brindar asistencia al paciente. Según su testimonio, la médica de guardia, Dina Guerreros, se negó a proporcionar asistencia al paciente con una fractura expuesta. La doctora argumentó que se debía verificar la disponibilidad de camas en el hospital antes de disponer su traslado.
Lea más: ¿Qué es una fractura de arco cigomático?
Castillo manifestó que, aunque pueda existir un protocolo para este tipo de situaciones, la prioridad debe ser siempre brindar atención médica a quienes la necesiten de manera urgente.
Según la abogada, la negativa de la médica de atender al paciente plantea serias preocupaciones sobre el cumplimiento de la ética médica y los principios fundamentales de la atención de emergencia.
“Es importante destacar que el acceso oportuno a la atención médica puede ser crucial en casos de emergencia como este, y la Constitución Nacional lo garantiza”, dijo la profesional del derecho. Agregó que el paciente tenía una fractura expuesta y requería de una asistencia inmediata.
“Esperamos que las autoridades del hospital investiguen a fondo este incidente y tomen las medidas necesarias para garantizar que situaciones similares no vuelvan a ocurrir en el futuro”, finalizó.
Paciente ya recibió los primeros auxilios y no estaba grave
Por su parte, la doctora Dina Guerreros, quien estaba de guardia al momento del incidente, refirió que la hoja de remisión que traía el paciente tenía adulteraciones con corrector y en la parte en que debía contar con la firma del médico estaba borrada.
Ante esta situación comunicó al jefe de Urgencias quien le dijo que no tenía ninguna comunicación previa, y que el paciente debía retornar al hospital de origen.
Añadió que en ese momento tenía a otro paciente que sufrió un accidente aguardando en la mesa de procedimientos.
Explicó que, no obstante, evaluó al paciente y constató que hallaba estable con los signos vitales, dinámicamente estable y no tenía sangrado.
Además en la hoja de remisión decía que ya estaba recibiendo hidratación parenteral con analgésicos y antibióticos. Por esos signos concluyó que el paciente no requería ninguna medida inmediata, por lo que dijo al chofer de la ambulancia que debía volver a llevar al paciente al hospital de Yby Yaú.
“Paciente era empleado de un juez”
Contó que los familiares le dijeron que “el paciente era empleado de un juez y que debía atenderlo como sea”.
Dijo que posteriormente llegó la abogada Simona Castillo y de manera prepotente golpeó la puerta y comenzó a gritar que ella era defensora pública y exigió que atiendan al paciente.
“Le expliqué que hay que cumplir los protocolos, pero ella seguía incidentando”, dijo.
Agregó que, ante la insistencia de la abogada, quien inclusive llamó a la agente fiscal de turno Katia Uemura, decidió admitir al paciente, pero lo hizo bajo su responsabilidad, puesto que la orden del jefe de Urgencias era no recibir al paciente.
La agente fiscal interviniente contó que labró acta de lo ocurrido y que convocó a la doctora Dina Guerreros a una indagatoria y adelantó que en las próximas horas, tras concluir un análisis exhaustivo, resolverá si presenta imputación.