Cargando...
La abogada Rossana María de Luján Palazuelos Oscáriz, procesada en el caso Mercat, deberá cumplir la medida de prisión preventiva en el Correccional de Mujeres “Casa del Buen Pastor”, así lo dispuso la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Oganizado, Rosarito Montanía, a través de su AI N° 10.
La magistrada calificó provisoriamente la conducta de Palazuelos Oscáriz en la producción de documentos no auténticos, en su modalidad de uso, uso de certificados de salud de contenido falso, y soborno agravado. En ambos casos, en carácter de coautor. Además fijó como fecha para la presentación del requerimiento conclusivo de la Fiscalía el 22 de julio de 2024.
Lea más: Caso Mercat: catorce acusados deben afrontar juicio oral y público
La abogada quedó a disposición de la justicia, el pasado lunes cuando se presentó para litigar en la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público. Fue imputada ya el 24 de mayo de 2022 y se encontraba en rebeldía y con orden de captura pendiente, desde el 25 de mayo de ese mismo año.
La fiscala Lourdes Bobadilla había solicitado la prisión de Rossana Palazuelos, petición que fue ratificada por la fiscala Elva Cáceres, de hecho esta última fue la que le tomó audiencia indagatoria tras las detención de la abogada procesada y vinculada al presunto narcotraficante Walter José Galindo.
Lea más: Más audios confirman maniobra para blanquear al supuesto narco Walter José Galindo
Defensa solicitó medidas para abogada
La defensa de la abogada Rossana Palazuelos estuvo ejercida, durante la audiencia de imposición de medidas, por los abogados Cynthia Raquel Aguirre de Cárdenas, Édgar Horacio Amarilla Palazuelos y Mariela Elizabeth Cardozo Peralta, quienes solicitaron la aplicación de medidas alternativas a la prisión.
Para asegurar el sometimiento de Palazuelos al proceso penal, la defensa ofreció fianza personal de Aldo Osmar Amarilla y Evelyn Graciela Román, y como caución real un inmueble, registrado a nombre de Daniela Oscáriz de Palazuelos, madre de la imputada, el cual está valuado por G. 1.210.763.462.
Lea más: Narco habría pagado por “blanqueo” a fiscala y jueza
Sin embargo, “para esta Magistratura, las cauciones ofrecidas no son suficientes para desacreditar el peligro de fuga, pues para evaluar dicho peligro procesal”. Además, la jueza señaló que “no podemos dejar de considerar que la misma se encontraba prófuga y con orden de captura nacional desde el mes de mayo del año 2022, es decir, casi un 1 año y 8 meses”.
Indicó además la jueza que si bien para otros 14 acusados, la investigación culminó, en el caso de Palazuelos “el plazo de investigación se ha reanudado, por lo que el Ministerio Público deberá abocarse a culminar con las diligencias necesarias”, por lo que no se puede descartar que Palazuelos pueda “interferir en el correcto desarrollo del proceso, destruyendo, alterando o modificando”.
Lea más: Caso Mercat: pericia descarta ayuda de médica a narco y es sobreseída
Jueza consideró hecho especialmente grave
En su resolución judicial, la jueza Montanía señala que Rossana Palazuelos, en su calidad de profesional del derecho, habría utilizado documentos no auténticos, entre ellos una ficha de notificación de infección respiratoria aguda grave del Hospital Barrio Obrero, a nombre de Walter Galindo, el 23 de mayo de 2021, un pedido de estudios que supuestamente fue suscrito por el médico Luis López. Además, de constancia sy certificados de salud falsos, expedidos por profesionales de la salud a cambio de sumas de dinero entregadas supuestamente por Palazuelos.
Dichos documentos luego fueron presentados ante el juzgado penal de garantías de Lambaré, a cargo de Isabel Bracho, para obtener medidas alternativas de su entonces cliente Walter Galindo.
Lea más: Fiscala se constituye en juzgado y lleva copia del expediente de Galindo
En este sentido, la jueza sostuvo que por “su calidad de profesional del derecho, lo hace especialmente grave, además del hecho de haberlo utilizado en una causa penal, en la que se investigaban hechos relacionados a la comercialización de sustancias estupefacientes, con el solo objetivo de frustrar la investigación, lograr medidas menos gravosas y probablemente la impunidad de la causa”.
Según se desprende de la investigación fiscal, Rossana Palazuelos habría sido la intermediaria y quien habría abonado sumas de dinero que le fueran entregadas por el acusado Walter Galindo, a la médica forense del Poder Judicial Ana Stael Alfonso y al enfermero del Departamento Judicial de la Policía, Sixto Ramón Cabrera, dos que también afrontarán juicio próximamente, para la elaboración de documentos y certificados médicos que finalmente fueron presentados ante el Juzgado Penal de Garantías de Lambaré de Isabel Bracho.