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Con los cuatro votos de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), de su presidente Orlando Arévalo, el diputado Alejandro Aguilera y los senadores Mario Varela y Derlis Maidana, sostuvieron que el fiscal Lorenzo Lezcano sí realizó diligencias investigativas y que aún así no pudo demostrar que el supuesto narco Sebastián Marset, con su gavilla, estaban perpetrando lavado de dinero y tráfico de drogas.
El “blanqueo” al fiscal Lezcano evidentemente ya fue acordado de antemano por los legisladores cartistas que integran el Jurado.
Para ministros, fiscal Lezcano incurrió en negligencia grave
Sin embargo, los ministros de la Corte Suprema y miembros del Jurado Manuel Ramírez Candia y César Garay Zuccolillo, quienes ya veían venir el “blanqueo”, aún así votaron por sancionar al fiscal Lorenzo Lezcano por su negligencia en un hecho que más adelante con el Operativo A Ultranza Py, se demostró que era sumamente grave.
Ambos miembros de la Corte sostuvieron que el fiscal enjuiciado no realizó ninguna diligencia investigativa por cuenta propia, sino que los informes que solicitó fueron a instancia de la Policía.
El presunto narco prófugo de la justicia el uruguayo Sebastián Marset es uno de los más buscados por la Interpol.
Esa falta de diligencia ha hecho que la Fiscalía no pudiera recolectar elementos de convicción, para asegurar que esa persona (Sebastián Marset) tenía sus vínculos con el crimen organizado.
El ministro Garay también cuestionó la actuación del fiscal Lezcano, e indicó que como agente de una unidad especializada estaba obligado a realizar su trabajo con mayor puntillosidad.
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Garay asimismo dijo que la causa denominada “Persona innominada s/ a determinar”, fue mal archivada porque no se fundamentó. Luego del archivar se siguieron pidiendo informes, con los que se ratifica que se podía hacer algo más.
Acusadora del JEM apuntó las falencias
La fiscala acusadora del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Abog. Carmela Ramírez había solicitado la remoción del Abog. Lorenzo Lezcano, agente fiscal de la Unidad Penal N° 04 Especializada en Lucha contra el Crimen Organizado.
La fiscala acusadora dijo que el fiscal Lezcano durante su investigación, no pidió informes sobre el movimiento de una empresa ganadera y ni siquiera corroboró si existía esa empresa, que supuestamente estaban manejando personas allegadas a Sebastián Marset.
La abogara Ramírez alegó que Lezcano debió solicitar el allanamiento de esta empresa para incautar los camiones que eran utilizados y examinar si tenían un doble fondo para transportar drogas, debió solicitar datos al Registro de Automotores, pero no lo hizo, acusó.
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Tampoco se pidieron informes de esta empresa ganadera a la Secretaría de Estado de Tributación (SET), sobre los movimientos contables. No realizó pesquisas sobre el balance de la firma ganadera, si los ingresos o egresos correspondían contablemente. El fiscal no realizó diligencias conducentes, refirió.
La acusadora asimismo dijo en sus alegatos finales que el fiscal Lezcano solamente realizó las diligencias cuando eran requeridas por el Comando Tripartito y que no procedió a realizar como acto investigativo propio de la Fiscalía.
Estas fueron algunas de las falencias apuntadas por la fiscala acusadora en sus alegatos finales.