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La jueza Penal de Garantías Especializada en la lucha contra el Crimen Organizado, Lici Sánchez, afirmó que los tres magistrados del área tomaron la decisión de no enviar más procesados a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, luego del anuncio del Ministerio de Justicia de que habilitó nuevamente el penal.
“Estamos enterados todos de que Tacumbú se ha rehabilitado, sin embargo, no es menos cierto que entre la rehabilitación porque hay lugar, digámosle coloquialmente, esa es una situación. La nuestra es otra situación, la nuestra está pasando de que necesitamos garantizarle a nuestros procesados seguridad en primer lugar y en segundo lugar, también transmitirle a la sociedad de que estas decisiones que nosotros estamos adoptando, de privación de libertad de alguien, de algún procesado, realmente se cumpla y sea efectiva y que quede su custodia bajo la autoridad del Estado”, dijo en entrevista con Carlos Ortega para ABC TV.
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Agregó que es de público conocimiento que las penitenciarías de la República del Paraguay en este momento, además de estar con un déficit importante de funcionarios custodios y de autoridades realmente en el lugar, también estarían ya manejadas por gente privada de su libertad, como los miembros del clan Rotela.
Dificultades para saber donde enviar a un procesado
En la misma línea de no enviar más procesados a Tacumbú estarían los otros dos jueces penales de garantía especializados contra el crimen organizado, Rosarito Montanía y Gustavo Amarilla.
“En el caso particular de Tacumbú, donde está vigente un clan, no es saludable, no es prudente, no es conveniente, y hasta que nosotros no tengamos la certeza, tenemos nuestras propias fuentes, también de información, de que realmente Tacumbú vuelve a ser un lugar seguro, un lugar de reclusión, de rehabilitación, donde la gente no tenga que pagar para amanecer o comer o dormir, entonces ahí vamos a adoptar la decisión de enviarlo”´, dijo Lici Sánchez.
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Agregó que mientras tanto están con dificultades para ver donde realmente podría guardar reclusión un procesado por crimen organizado.
Armando Rotela controla cárceles y hasta insumos informáticos
La jueza Lici Sánchez explicó que Armando Rotela y otros miembros del crimen organizado que son atendidos por su juzgado presentaron varios inconvenientes en las audiencias, justamente por ser quienes manejarían las penitenciarías e incluso, hasta los insumos informáticos.
“Sí, fue una situación que movió a todo el estamento de seguridad de la República del Paraguay a los efectos de lograr que esta persona (Armando Rotela) se someta al proceso. Es más, es de público conocimiento, todos saben que esta persona no permitía que la seguridad de la penitenciaría accediera hasta el lugar donde el mismo se encuentra afincado, contó.
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Agregó que en esas condiciones tuvieron que hacer una audiencia preliminar, sin prejuicio de que también apadrina a otros reos con quienes también tienen audiencia y que van suspendiendo sistemáticamente hasta tanto ellos decidan someterse o no al proceso. “Esa es la situación en la que nos encontramos y lógicamente, además de ser perjudicial al proceso, es ilegal y no se puede permitir, por lo menos nosotros no lo vamos a permitir”, afirmó.
Jueces cuidan contacto entre miembros de crimen organizado
Al ser consultada Lici Sánchez sobre si hablaron con el ministro de Justicia, Ángel Barchini, contestó que los jueces no hablan con ningún ministro, ya que la decisión de enviar a cada procesado a una penitenciaría es una decisión jurisdiccional en cada expediente.
“Sabemos perfectamente bien lo que ocurre en nuestras causas, conocemos nuestros procesados, sabemos en qué tipo de asociación se manejan, pertenecen, si son grupos contrarios, si cuál es su situación, así que nosotros estamos obligados a estudiarle al procesado las causas, los nexos, y tomar la determinación en consecuencia”, indicó.
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Dijo que cuando se dispone la habilitación de un centro penitenciario, el mensaje que está dando el gobierno a los magistrados es de que hay lugar para nuevos reclusos, pero lo que en los juzgados de crimen organizado manejan es que no se trata del espacio en las cárceles, sino la seguridad de cada uno de los procesados y por sobre todas las cosas, que no haya ese contacto de miembros de asociaciones o pertenecientes a un mismo grupo, o contrarios, lo que agravaría más la situación procesal de los mismos.