Rechazan extradición solicitada por España de condenada por trata de personas

La jueza penal de garantías especializada en crimen organizado, Rosarito Montanía, rechazó por extemporánea la extradición de la paraguaya Reinalda Santa Cruz Brítez, de 51 años de edad, requerida en España para cumplir una condena de 7 años por trata de seres humanos con la finalidad de explotación sexual y delito relativo a la prostitución. La mujer denunció a policías por extorsión, en noviembre del año pasado.

Reinalda Santa Cruz Brítez, paraguaya requerida en España.
Reinalda Santa Cruz Brítez, paraguaya requerida en España.Gentileza

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La compatriota Reinalda Santa Cruz, de 51 años, requerida por España para cumplir una condena de 7 años de reclusión por trata de personas y ahora favorecida con el fallo de primera instancia, se halla aún recluida en la penitenciaría nacional Casa del Buen Pastor de Asunción. La condenada se encuentra en prisión desde el 23 de noviembre del año pasado, fecha en que denunció a policías por extorsión.

La jueza penal de garantías especializada en crimen organizado, Rosarito Montanía, explicó que la mujer podría obtener la libertad recién después de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratifique el fallo denegatorio de la extradición.

Esto es de conformidad con el artículo 149 del Código Procesal Penal, que entre otras cosas establece que: “(...) La resolución que deniegue el pedido de extradición será enviada, en todos los casos, a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la que se pronunciará sobre la misma dentro de los quince días de recibidas las actuaciones”.

“Si la persona requerida está detenida, no se decretará la libertad hasta que resuelva la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Si la misma no resuelve en el plazo previsto se concederá inmediatamente la libertad y la detención no podrá ser decretada nuevamente”, continúa el referido texto legal.

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España puede volver a pedir la extradición de la condenada

La resolución judicial destaca que el plazo establecido por el tratado de extradición con España para la presentación del exhorto es de 60 días corridos a partir de la detención de la mujer, el cual se cumplió el 21 de enero pasado. Sin embargo, el pedido formal de extradición llegó de España a Cancillería recién el 30 de enero pasado.

“Las autoridades judiciales del Estado requirente han remitido los documentos formalizadores de extradición fuera del plazo de 60 días consecutivos establecido en el Art. 10 numeral 4 de la Ley 1.655, teniendo en cuenta que el plazo se había cumplido en fecha 21 de enero del 2023, pues la fecha efectiva de la detención de la extraditable Reinalda Santa Cruz se produjo el día 23 de noviembre de 2022″, explica la magistrada en su sentencia definitiva.

“Resulta importante señalar que dicho extremo fue corroborado por el fiscal adjunto Abg. Jorge Sosa García, quien mediante el Dictamen N° 231 de fecha 09 de febrero del 2023 ha señalado que las autoridades judiciales del Reino de España remitieron la solicitud formal de extradición fuera del plazo previsto por el Tratado, razón por la cual solicitó al Juzgado resuelva conforme a los principios y formalidades consagrados en el Tratado de Extradición entre la República del Paraguay y el Reino de España y de conformidad a las disposiciones legales correspondientes”, agrega Montanía.

Pese a que Paraguay haya denegado ahora a España la extradición de nuestra compatriota, el país europeo puede volver a requerirlo con todos los procesos formales.

Condenada por trata de personas denunció a policías por extorsión

Solo 24 horas antes de su detención, es decir, el 22 de noviembre del año pasado, Reinalda Santa Cruz Brítez desató un escándalo en la Policía Nacional al provocar la detención de seis efectivos de la oficina regional del departamento de Homicidios, que funciona en Alto Paraná, a los que denunció porque supuestamente le pidieron 100.000 dólares para no ejecutar la orden de captura internacional.

De hecho, casi al mismo tiempo en que era aprehendida Santa Cruz, el fiscal de la unidad Antisecuestro de Alto Paraná, Alberto Torres Flores, presentó la imputación contra los uniformados de Homicidios por los hechos de privación de libertad y extorsión.

Los policías procesados por ese hecho son la oficial primero Karina Beatriz Caballero Giménez, el oficial ayudante Diego Fernando Ayala Mallorquín, el suboficial mayor Éver Raúl Aquino, el suboficial mayor Rafael Silvero Bogado, el suboficial inspector Hugo Arnaldo Báez Zalazar y el suboficial segundo Alfredo Báez Zalazar.

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