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Cáceres fue arrestado en un allanamiento a su casa del barrio San Luis de San Lorenzo, en el marco de una causa impulsada por la fiscala de Villarrica, María Agustina Unger, quien imputó al sospechoso por estafa, producción de documento no auténtico, manipulación de graficaciones técnicas y asociación criminal.
Según los datos, Antonio Ramón Cáceres Armoa, haciéndose pasar por gestor, le sacó G. 80 millones a un abogado de Villarrica por la supuesta venta de un terreno en la zona de Coronel Martínez, siempre en el departamento de Guairá.
La víctima declaró a ABC que en la propiedad había un letrero que anunciaba que estaba a la venta, por lo que contactó con el supuesto dueño, quien resultó ser Cáceres.
Cuando se reunieron para celebrar el acuerdo, en el año 2021, Cáceres enseñó a la víctima numerosos documentos que supuestamente correspondían a la citada finca, pero que había sido eran falsificados, ya que la propiedad es un campo comunal, es decir, tierras fiscales.
Incluso, el supuesto estafador y la víctima cerraron el trato en una escribanía donde le proveyeron hasta factura legal.
Cuando intentó inscribir a su nombre la propiedad, el comprador de buena fe se percató de que ninguno de los papeles que le dio Cáceres eran reales.
Posteriormente, Cáceres se escondió de su víctima por mucho tiempo, hasta que finalmente el propio estafado lo ubicó en San Lorenzo y denunció el caso.
Habría varias otras víctimas que entregaron dinero a Cáceres por la supuesta compra de propiedades.