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La Cámara de Apelación en lo Penal, conformada por los magistrados Arnulfo Arias, Gustavo Ocampos González y Bibian Benítez Faría, a través del AI N° 343 rechazó el recurso de apelación planteado de forma subsidiaria al recurso de resposición presentado por la defensa de uno de los cinco camioneros indagados por presunta extorsión ante el juez de garantías especializado en Delitos Económicos, José Delmás, y que este rechazó a través de su AI N° 507.
De hecho el abogado Hugo Rojas, defensor de Ángel Ramón Zaracho Núñez, uno de los cinco procesados por extorsión, había planteado el recurso de reposición con apelación en subsidio contra la convocatoria a audiencia de desgrabación de las filmaciones de la entrega de dinero, aquél 13 de abril. Este recurso fue rechazado por Delmás y por eso, fue al Tribunal de Apelación.
Por esta causa están procesados Ángel Zaracho, Roberto Almirón, Juan Friedelin, Julio César Solaeche y Vicente Medina, por supuestamente extorsionar al ministro Federico González a pagar US$ 50.000, a cambio de no realizar cierres de rutas, cuando los trabajadores del volante se manifestaban a nivel país contra la suba de los combustibles.
Los cinco imputados se encuentran con la medida cautelar de prisión preventiva vigente.
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Como agravio, el abogado Rojas cuestionó que la causa se abrió en abril pasado y que, recién el 12 de octubre el juzgado solicitó la realización de las desgrabaciones de las cámaras de seguridad de las reuniones entre los líderes de los camioneros, entre ellos su defendido, y el ministro Federico González.
La fiscala Liliana Alcaraz señaló a ABC “en lo que no podemos avanzar es en la audiencia de desgravación porque ellos chicanean. Se suspendió cinco veces” y el fiscal Francisco Cabrera, por su parte dijo “pedimos prórroga extraordinaria ahí, por qué todavía no pudimos hacer la desgrabación de las cámaras, por chicanas de los procesados. El 13 de abril es la fecha de acusación”.
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Eso se vio reflejado en la respuesta que dieron a la defensa, sobre que “desde un principio solicitaron la desgrabación, según el artículo 200 del CPP, de los videos captados entre el 11 y el 13 de abril de 2022, con autorización judicial, sin embargo a la fecha habiendo transcurrido siete meses del plazo de investigación no está pudiendo ser llevada a cabo”.
En tal sentido, los agentes fiscales respondieron a la defensa que las audiencias fueron suspendidas en reiteradas ocasiones por la presentación de reposiciones con apelaciones subsidiarias, acciones de inconstitucionalidad entre otros recursos promovidos por los procesados con el fin de obstaculizar la investigación.