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El representante del Ministerio Público, fiscal delegado de Canindeyú Meiji Udagawa se constituyó en la citada comunidad con el acompañamiento de una importante dotación policial y de la abogada Diva Riquelme, representante de la empresa Agroganadera Canindeyú S.A., para emplazar a los habitantes a que abandonen la propiedad en un plazo perentorio de 48 horas.
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Ante la fuerte advertencia del fiscal Udagawa, la principal líder de la comunidad, Delosanta Portillo dijo a los intervinientes que abandonarán pacíficamente la propiedad a pesar de que en el lugar tienen precarias viviendas, huertas y varias hectáreas de cultivos. La dirigente aseguró que hace más de 10 años llevan viviendo en el lugar.
El agente dijo que se cumplieron todos los pasos para el procedimiento, inclusive, el operativo fue acompañado por funcionarios del Instituto Nacional del Indígena (INDI).
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En el departamento de Canindeyú existen decenas de denuncias de invasiones de propiedad privada, muchos de los cuales ya ni siquiera son pasibles de advertencias por parte de las autoridades. La estancia Pindó es uno de ellos donde la Policía ni la fiscalía se anima a ingresar por la belicosidad de sus invasores.