El acta de acuerdo se firmó durante una reunión realizada esta mañana en la comunidad indígena Punta Porá del distrito de Juan Manuel Frutos, en el departamento de Caaguazú.

En la suscripción del acuerdo estuvieron los líderes de al menos 30 comunidades de indígenas agrupadas en varias asociaciones. Por el lado institucional, asistieron la fiscala Estela Marys Ramírez, representantes de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, de la Codeni, la Gobernación del Departamento de Caaguazú y la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia.

Los líderes indígenas acordaron principalmente hacer cumplir “tanto dentro como fuera de la comunidad” la Ley N° 1.680 del “Código de la Niñez y la Adolescencia”, así como la Ley N° 904 “de la preservación social y cultural de las comunidades indígenas”.

“Se concluyó que se hará respetar la Ley N° 904 consuetudinario en cuya interpretación no contradice la Ley N° 1.680″, señala uno de los puntos acordados.

Además se estableció que “solo en caso de homicidio y violación el líder deberá acompañar a la familia afectada a las instituciones correspondientes para realizar la denuncia”.

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Situación de las niñas y adolescentes

Los dirigentes de los aborígenes presentes en la reunión también hablaron con los representantes de las instituciones nacionales sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes, “así como de los embarazos tempranos de las menores de edad”.

“Los diferentes líderes presentes llegaron a un acuerdo que desde ese momento se comprometen a trabajar juntos con las comunidades, pero eso no significa que rápidamente eso va a mejorar”, resalta el acta del convenio.

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“A lo largo de la conversación también se llegó a un acuerdo que dentro de la comunidad se acepta también que las mujeres desde la edad de 15 años ya se pueden casar y tener una familia. Pero eso no significa que sí o sí se tienen que casar cuando cumple esa edad, sino que ya puede tener sus novios y esposos”, indica el convenio.

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También se habló de que si una niña menor de 15 años da a luz en un hospital, el equipo médico que la asistió o las parteras deben comunicar el caso a la Fiscalía y que los agentes fiscales encargados de la causa deben ponerse en contacto con los líderes de la comunidad a la que corresponde la adolescente.