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A través de su AI N° 171 la jueza penal de garantías especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, resolvió en primer lugar modificar la medida de prisión preventiva por la del arresto domiciliario para Sixto Ramón Cabrera Ríos, enfermero del Departamento Judicial de la Policía Nacional, y su inmediato traslado a su domicilio. Está procesado en el denominado Caso Mercat.
Para el cumplimiento de su arresto, la jueza impuso también a Cabrera las prohibiciones de salir del país sin autorización del juzgado y de contactar por llamadas, mensajes, redes sociales y otros medios con los demás coimputados, bajo apercibimiento de que de lo contrario se le revocarán las medidas.
Así también, la magistrada modificó la calificación de los hechos punibles atribuidos al citado procesado por expedición de certificados de salud de contenido falso - Art. 25 del Código Penal - en lugar del ilícito de producción de documentos no auténticos, dejando el de cohecho pasivo agravado.
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Defensa de enfermero ofreció fianza real
Todas esas decisiones se tomaron en el marco de la audiencia de revisión de medidas que fue solicitada por el abogado Eduardo Lezcano, defensor de Sixto Cabrera, quien en la oportunidad ofreció documentos varios para acreditar que su cliente tiene suficiente arraigo en el país.
Entre los papeles que acercó al juzgado, está el certificado de trabajo en el que consta que Cabrera se profesional enfermero y tiene una antigüedad de 16 años dentro de la Policía Nacional. Asimismo, presentó documentos que acreditan que tiene dos hijos menores de edad y que su esposa también trabaja en el país.
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En ese sentido, Lezcano ofreció una fianza personal y como caución real, ofreció un inmueble valorado en G. 472 millones. De hecho que sobre este, la jueza ya ordenó el embargo preventivo, bajo la advertencia de que si el enfermero se fuga el mismo será ejecutado.
Durante la diligencia el auxiliar de justicia aseguró a la magistrada “que no existe posibilidad de obstruir ningún acto en concreto por el mismo (sobre Sixto Cabrera)” y con todo lo ofrecido, la magistrada entendió que “se minimizó el peligro de fuga”.
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Enfermero expidió certificado para Walter Galindo
Según la imputación fiscal, Sixto Cabrera en su carácter de enfermero del Departamento Judicial de la Policía, habría recibido sumas de dinero por redactar un informe en el que el 19 de mayo de 2021 dejó constancia que Walter José Galindo Giménez, procesado por tráfico de drogas, tenía problemas de salud.
El 23 de mayo de 2021, Galindo habría sido derivado al Hospital de Barrio Obrero, circunstancia que no ocurrió, así también realizó una descripción de supuestos síntomas como complicaciones respiratorias, fiebre de 40 grados y presión arterial fuera de rango 180/130, además de sostener que Galindo es diabético.
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Dicho informe médico habría sido utilizado por la defensa técnica del procesado Walter Galindo, para fundar su solicitud de revisión de medidas cautelares en la causa que enfrentaba en el departamento Central, por tráfico de drogas, reducción y violación a la ley de armas.
Por estos antecedentes la jueza señaló que Cabrera, en su carácter de enfermero, ha producido un documento auténtico, pero de contenido falso sobre la salud de Walter Galindo, y es justamente por la expedición de dicho documento, que el mismo habría recibido sumas de dinero como contraprestación, según sostiene el Ministerio Público.
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Médicas procesadas y en prisión en el caso Mercat
En el Caso Mercat también fueron procesadas la médica con especialidad en ginecobstetricia, Celia Romina Alfonso Vera (30), quien fue detenida cuando pretendía tomar su guardia en el Hospital Nacional de Itauguá, y su hermana, médica forense del Poder Judicial, Ana Stael Alfonso Decoud (48), quien se presentó ante el Ministerio Público.
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Las mismas también habrían colaborado con al emanar dictámenes médicos sobre la salud de Walter José Galindo Giménez, para reforzar la solicitud de una medida menos gravosa para el supuesto capo narco por parte de los abogados Crispín Gilberto Rojas García y Rossana María de Luján Palazuelos Oscariz.
Ambos abogados fueron declarados rebeldes y pesa sobre ellos una orden de captura nacional dictada por la jueza Montanía.