El despliegue de bomberos, militares y personal de las estancias fue de suma importancia, pues el tremendo esfuerzo que desplegaron por varios días en busca de apagar el fuego ayudó a evitar una mayor destrucción de los recursos naturales de la zona. A esta tarea se sumó también el avión Hércules de la Fuerza Aérea del Uruguay.
Tras este verdadero desastre natural, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) impuso una histórica multa a los implicados, consistente en más de G. 2.100 millones, equivalente a 20.000 jornales mínimos. Los supuestos infractores eran Tomás Reiz, la firma Clemencia SA y los ganaderos Hugo Miguel Zelada y Hugo Sebastián Jara, por el desmonte y quema de bosques nativos en el distrito de Bahía Negra.
A partir de este ejemplar castigo a estas personas, se suponía que la justicia, que también estaba investigando el caso, actuaría con verdadera dureza, por lo que, teniendo ya una fuerte pena administrativa, se esperaba algo similar o mayor aún referente a la pena carcelaria, pues todo el mundo pedía eso, inclusive el propio presidente Santiago Peña: cárcel para quienes iniciaron el fuego.
A un año de esta investigación, ahora el caso está camino a la impunidad, pues la Corte Suprema de Justicia se allanará al pedido de sobreseimiento definitivo del único imputado por el Ministerio Público, el ganadero Hugo Miguel Zelada, con la excusa de que los fiscales Nelson Colmán y Fidel Godoy, quienes tuvieron a su cargo el caso, cometieron negligencia exasperante.
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Supuestamente, los agentes fiscales no hicieron nada para realizar una buena investigación, y hasta tal vez tenga razón el ministro Víctor Ríos al realizar esta afirmación, pero esto no puede quedar así, como si no hubiese sucedido nada. Alguien debe asumir esta responsabilidad por el ecocidio contra la naturaleza.
Porque lo menos que podemos decir es que los fiscales desconocían sus trabajos, pues de ser así, ¿para qué entonces juraron para el cargo? Lo concreto de esta triste situación es que, en verdad, se quemaron más de 200 mil hectáreas, y ahora se pretende decir que acá no pasó nada. Es entonces cuando se produce la desconfianza hacia los órganos del Estado.
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